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Estados Unidos apoya un diálogo entre el gobierno y los opositores con ayuda de mediadores nacionales e internacionales para superar la crisis planteada por la demanda de autonomía de varias regiones, dijo el jueves el embajador estadounidense Philip Goldberg.

''Apoyamos la necesidad e importancia de comenzar la negociación con la mediación de la OEA, el Grupo de Países Amigos, la Iglesia Católica o cualquier institución que sea aceptada por las partes'', dijo a periodistas el embajador tras reunirse con el vicepresidente Alvaro García.

Goldberg dijo que su gobierno ''respalda plenamente la unidad, integridad territorial y la democracia''.

''Celebramos esta iniciativa del gobierno de Estados Unidos'', respondió García minutos más tarde en un rueda de prensa en la que anunció que el presidente Evo Morales fijará ''fecha y hora'' para el inicio del esperado diálogo.

Anticipó, sin embargo, que la negociación debe ser directa entre el mandatario y los nueve prefectos (gobernadores) y sin mediadores.

Goldberg fue acusado por el gobierno de alentar a líderes opositores autonomistas durante la campaña por el referendo de Santa Cruz.

El gobierno y líderes autonomistas de Santa Cruz mencionaron la opción de una negociación para zanjar las disputas tras el referendo del pasado domingo cuando ese departamento acudió a las urnas para votar un estatuto de autonomía. El gobierno calificó el referéndum de ilegal y separatista.

Con un avance del 90% de las mesas escrutadas, la Corte Electoral de Santa Cruz dijo el jueves que el ''sí'' al estatuto tiene un apoyo del 86% de los votos mientras el respaldo al ''no'' suma 14.3%.

El gobierno descalificó a la Iglesia Católica como eventual mediador tras conocerse que el cardenal Julio Terrazas, también arzobispo de Santa Cruz, votó en el referendo del domingo. Según las autoridades, con el hecho de votar, Terrazas avaló una consulta considerada ilegal por el Ejecutivo.

Los departamentos de Tarija, Beni y Pando también han convocado a consultas para ratificar sus estatutos sin el aval de la Corte Nacional Electoral, que aduce que sus convocatorias no se ajustaron a la legalidad.

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