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  • AFP

El paro del transporte pasado, iniciado el lunes en protesta por la decisión municipal de restringir la circulación en la capital, terminó la noche del miércoles con la detención de 48 choferes, luego que el presidente Álvaro Colom decretara estado de prevención.

"Las detenciones se realizaron en la carretera al Atlántico (norte) y al Pacífico (sur), lugares donde los pilotos se resistieron a deponer las medidas de hecho. Todos fueron llevados ante los tribunales para su respectiva consignación", afirmó un vocero del Ministerio del Interior, Ricardo Gatica.

Los conductores del transporte pesado iniciaron un paro el lunes en protesta por las restricciones de circulación que les han impuesto las autoridades municipales en la Ciudad de Guatemala, que van de 5H30 a las 9H00 de la mañana y de las 16H30 a las 20H30, en un intento de descongestionar el denso tráfico que se acumula en esos horarios.

La disposición de Colom puso fin al movimiento de los choferes ya que el estado de prevención determina que se limita el derecho de huelga o paro de los servicios públicos.

"He ordenado al ministerio de Gobernación y de Defensa Nacional que, apegados a la ley y amparados por un estado de excepción, liberen el transporte pesado de mercancías, se desbloqueen los ingresos a las centrales de generación eléctrica y centros de distribución de combustible", dijo el mandatario el miércoles por la noche tras dar un ultimátum para poner fin a la huelga.

"La decisión incluye la intervención de servicios privados de transporte, si fuera necesario", advirtió Colom.

La situación en la capital empezaba a ser dramática, sobre todo por el desabastecimiento de combustibles, que amenazaba con colapsar a toda la ciudad.

El mandatario también ordenó el inmediato suministro a hospitales, en particular de oxígeno y la liberación de los furgones de alimentos.

Hacia el mediodía de este jueves, la ciudad empezaba a recuperar el pulso habitual.

El estado de prevención, dispuesto para un período inicial de 15 días, está contemplado en la Ley de Orden Público, que determina que se puede aplicar en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado.

La normativa también establece que, dentro de cualquiera de los grados de emergencia, podrá detenerse, sin necesidad de mandato judicial o apremio, a toda persona contra quien hubieren indicios racionales de que actúa como autor, cómplice o encubridor para alterar el orden público.