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La senadora colombiana Piedad Córdoba se declaró perseguida política a raíz de la pesquisa abierta en su contra por supuestos nexos con la guerrilla de las FARC, ante la cual medió por la liberación de rehenes, y denunció un montaje de pruebas para incriminarla.

“Soy una perseguida política. Se hace lo que sea con tal de demostrar que estamos en el mismo costal”, dijo la congresista al diario El Espectador de ayer viernes.

Córdoba, quien medió en la crisis de los secuestrados, con el presidente venezolano Hugo Chávez, aludía al escándalo por vínculos de legisladores aliados del presidente Álvaro Uribe con paramilitares de extrema derecha, que tiene en la cárcel a una treintena de parlamentarios.

La dirigente añadió que no cree en las presuntas evidencias del proceso anunciado por la Fiscalía el jueves, que implica, además, a dos congresistas opositores de izquierda, dos ecuatorianos, un diputado venezolano, un académico estadounidense y dos periodistas colombianos, entre otros.

Quieren “sembrarle sorgo”

“Inteligencia militar desde hace rato viene buscando, como dicen ellos mismos, “sembrarle sorgo a esa vieja” (incriminar)”, afirmó Córdoba. “Han hablado con desmovilizados de las FARC, tratando de convencerlos de que declaren que a mí me han visto en campamentos de la guerrilla. Yo estoy informada de todo y a mí me pueden poner el testigo que sea, porque un testigo falso no resiste la verdad”, indicó.

La congresista sostuvo que confía en la independencia de la Corte Suprema de Justicia --juez natural de los legisladores--, y afirmó que no se dejará intimidar por el gobierno.

“A mí un régimen mafioso no me va a meter debajo de la cama”, dijo, y tildó de “montaje” los computadores --base de la investigación-- que el Ejército dijo haber confiscado al número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, tras abatirlo el 1 de marzo en el bombardeo a un campamento en Ecuador.