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El ministro de Comunicación de Venezuela, Andrés Izarra, renunció al cargo que ocupaba desde hace seis meses, tras haber intentado establecer un cobro para la retransmisión de la TV pública, en medio de un debate sobre el acceso a la información y la libertad de expresión.

En una muy breve aparición ante la prensa, Izarra anunció la noche del martes que ponía su cargo "a la orden del presidente Hugo Chávez", debido a que había tomado esa decisión "sin consultarla".

Izarra, quien también es presidente del canal multiestatal de información Telesur, asumió el cargo hace seis meses, aunque ya había sido ministro de Comunicación entre 2004 y 2005. El responsable es la 13ª persona que ocupa esta cartera en los nueve años del gobierno de Chávez.

La decisión de cobrar 120 bolívares (55 dólares) por segundo de retransmisión de la señal de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), con excepción de las apariciones y actos de Chávez que sean usados en espacios exclusivamente informativos, fue considerado por algunos medios privados y analistas de la comunicación como una medida que afectaría el acceso a la información.

Hasta ahora, la señal de VTV ha sido reproducida de manera gratuita y sin restricciones por todas las cadenas televisivas venezolanas.

"Hay que tener en cuenta que se trata de un canal que se hace con fondos públicos y se estableció una tarifa de costos exorbitantes, lo cual constituye una restricción indirecta evidente", declaró a la AFP Carlos Correa, de la organización no gubernamental Espacio Público.

"La mayor parte de las personas que van a los estudios de VTV son funcionarios públicos que dan informaciones públicas y en el contexto venezolano, en el cual hay restricciones en el acceso a la información, esa medida iba a tener un impacto muy negativo", añadió el experto.

La cadena privada de noticias Globovisión, de línea opositora y que utiliza con frecuencia la señal de la televisora estatal, calificó de "inconstitucional" esa decisión.

En un comunicado, la cadena, que ya tiene abierto un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por restricciones a la libertad de expresión, consideró las tarifas "exageradas" y aseguró que se vería gravemente afectada, pues el Estado venezolano "impide y limita el acceso a la fuente oficial".

Por otra parte, Correa recordó que un estudio hecho por Espacio Público en 2007 sobre el tema del acceso a la información en Venezuela dibujó un panorama muy cerrado.

De un total de 50 solicitudes de información realizadas, que abarcaron a todos los poderes públicos de Caracas, la organización sólo obtuvo un 4% de respuestas.

Ewald Shafenberg, del Instituto Prensa y Sociedad, consideró que la decisión de VTV resulta "una amenaza si se combina con las dificultades que existen para el acceso a la información".

"En Venezuela hay vetos claros contra algunos reporteros y algunos medios, incluso de parte de algunos gobernadores y alcaldes. En nuestros análisis encontramos incluso un patrón de recurrentes obstáculos para el ingreso de periodistas en coberturas a los centros de salud", citó como ejemplo Shafenberg a la AFP.

La carta que establecía el pago para las retransmisiones de VTV se conoció justo cuando se cumplía un año de la salida del aire del canal privado de televisión RCTV, señalado como "golpista" por el gobierno.

La no renovación del permiso a RCTV, la cadena más antigua en Venezuela con más de medio siglo en el aire, provocó manifestaciones en Venezuela y críticas en el exterior, y según las empresas encuestadoras es la medida más impopular que ha tomado Chávez durante su gobierno.