•   Buenos Aires, Argentina  |
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Militantes de organizaciones sociales y vecinales que apoyan a la presidenta Cristina Fernández generaron una polémica entre el gobierno y las autoridades municipales de la ciudad, al instalar sin autorización seis carpas frente al Congreso, desde las que hacen propaganda en apoyo de la posición oficial en el conflicto con productores rurales.

El gobierno municipal a cargo del derechista Mauricio Macri, criticó al gobierno por no prestar el concurso de la policía federal al intento de sus inspectores para remover a los manifestantes.

El lunes el conflicto entre el gobierno y los propietarios rurales se trasladó al Congreso, cuando comisiones de la Cámara de Diputados iniciaron la consideración del nuevo sistema de gravámenes a las exportaciones de soja y cereales, rechazada por los líderes agrarios.

En la víspera funcionarios municipales intentaron desalojar las carpas, alegando que carecían de permiso para ocupar el espacio público y que representaban riesgos de seguridad por las estufas de gas y otros elementos utilizados por los manifestantes, que allí pernoctan.

Hubo forcejeos y los oficialistas se mantuvieron en el lugar. Un funcionario municipal fue agredido y debió ser atendido por una lesión leve en un ojo.

El jefe de gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, dijo el martes que ''sospecho una posible actitud política del gobierno nacional, ante la falta de intervención de la policía federal para impedir que se sigan instalando carpas sin permiso en la Plaza del Congreso''.

Le respondió el ministro de seguridad Aníbal Fernández: ''Nosotros nunca reprimimos ni sacamos a la gente a los empujones de los lugares públicos''.

Luis D'Elía, dirigente de uno de los grupos que apoyan al gobierno, declaró el martes a la AP que ''durante varias semanas estuvo en la Plaza del Congreso un grupo de jóvenes ruralistas recabando firmas en favor de las peticiones del campo y no fueron molestados'' por los inspectores municipales.

Agregó que con las carpas ''buscamos contrarrestar, aunque en mínima medida, el abrumador apoyo que prestan las empresas propietarias de los medios de difusión a la campaña de los ruralistas contra el gobierno de Cristina'' Fernández.