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El gobierno de la ciudad anunció la expropiación de la discoteca donde murieron 12 personas tras un malogrado operativo contra la venta de alcohol a menores, por el que son responsabilizados dos particulares y 39 funcionarios públicos que no impidieron la tragedia.

La alcaldía capitalina publicó el lunes en la gaceta oficial que el inmueble de la discoteca será transformado en una unidad para la atención de jóvenes.

La Procuraduría local aseguró en un reporte que las autoridades involucradas en el operativo violaron diversos derechos humanos de menores, al tratarlos como responsables y no cómo víctimas que eran.

El procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, presentó un informe sobre los avances de la investigación del incidente en la discoteca ''News Divine'' el 20 de junio, en el que señaló que el responsable del operativo desobedeció una orden superior de no detener a los menores que se encontraban en el lugar, algunos de los cuales tras ser enviados a instalaciones policiales fueron fotografiados y obligados a desnudarse.

Guillermo Zayas, quien fue el mando responsable del operativo, se encuentra detenido acusado de homicidio doloso.

''El mando único a cargo del operativo, tomó la decisión de detener a los menores y darles un trato de probables responsables y no de víctimas, contra la indicación expresa de su mando superior y de las normas aplicables'', dijo Félix Cárdenas.

Añadió que ''los menores y los jóvenes presentes nunca debieron haber sido objeto de su acción''.

El procurador dijo que fueron vejados los derechos de los menores a la libertad personal, a la integridad personal, a la honra y a la prohibición de tratos degradantes.

Añadió que hasta el momento se han señalado como presuntos responsables a 41 personas, dos particulares y 39 servidores públicos. Sin embargo, se espera la orden de aprehensión en contra de 22 funcionarios más.

Unos 200 policías llegaron a la discoteca el 20 de junio para realizar un operativo de detección de drogas y venta de alcohol a menores. En un momento, los agentes impidieron la salida de los jóvenes, lo que provocó que quedaran aprisionadas varias personas.

Nueve clientes y tres policías murieron asfixiados por el tumulto que se creó por el operativo; una de las víctimas tenía 13 años y otra 14. Unos 600 jóvenes se encontraban en el lugar.

La procuraduría considera que se incurrió en diversos delitos como homicidio doloso, lesiones dolosas, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público, falsedad de declaraciones y corrupción de menores.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene previsto presentar el martes un informe propio sobre el operativo.

El gobierno capitalino señaló que la expropiación del inmueble procede debido a que ''ha sido utilizado para la corrupción de menores, concretamente a través de la venta indebida de bebidas alcohólicas, circunstancia que afecta la salud de este sector tan importante y vulnerable de nuestra sociedad''.