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El gobierno capitalino anunció la renuncia del jefe de la policía de la ciudad de México a raíz de un cuestionado operativo en una discoteca que provocó la muerte de 12 personas, incluidos varios menores, y adelantó la reestructuración de la corporación para evitar nuevas tragedias.

El alcalde capitalino, Marcelo Ebrard, informó el martes que aceptó la renuncia del secretario de Seguridad Pública local, Joel Ortega, y dijo que el procurador Rodolfo Félix Cárdenas también presentó la dimisión, aunque no aclaró si la aceptaba.

El anuncio del gobierno local ocurrió poco después de que la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) presentó un informe en el que documentó múltiples violaciones a los derechos humanos durante y después del operativo en la discoteca ''News Divine'' el 20 de junio en la ciudad de México.

El presidente del organismo de derechos humanos dijo que el secretario de seguridad y el procurador tenían ''cuando menos una responsabilidad ética ineludible''.

Ebrard dijo que aceptó la renuncia de Ortega porque busca ''hacer un gran cambio institucional'' a la Secretaría de Seguridad Pública para evitar vuelva a ocurrir una tragedia como esa.

''Tenemos que rehacer la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos que construir otro tipo de policía'', dijo el alcalde en un mensaje a la prensa, escasamente una hora después de que se presentara el informe de la CDHDF.

El alcalde también anunció que propondrá la creación de un instituto autónomo que se encargue de autorizar y verificar operativos en establecimientos de entretenimiento, como el que se hizo en la discoteca con el argumento de combatir la venta de alcohol y droga a menores.

Hasta el momento, las delegaciones (órganos de gobierno local) son las encargadas de verificar ese tipo de operativos.

La procuraduría local ha iniciado una investigación y señala como presuntos responsables a dos particulares y 39 funcionarios públicos.

Unos 200 policías llegaron a la discoteca el 20 de junio para realizar un operativo, pero en un momento, los agentes impidieron la salida de los jóvenes, lo que provocó que quedaran aprisionadas varias personas.

Nueve clientes y tres policías murieron asfixiados por el tumulto que se creó por el operativo; una de las víctimas tenía 13 años y otra 14. Unos 600 jóvenes se encontraban en el lugar.

Al presentar su informe, el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez, aseguró que en el operativo se registró ''un patrón sistemático de abusos, malos tratos y negligencia por parte de las policías'', y las irregularidades continuaron después del incidente cuando decenas de menores y jóvenes fueron detenidos y llevados a instalaciones policiales.

''Se les retuvo contra su voluntad, se les privó de la libertad, se les humilló, fotografió, marcó con plumones y a las jóvenes se les desnudó'', describió Alvarez, quien dijo que se violaron al menos ocho derecho humanos, incluido a la vida, a la integridad persona, a la libertad, a la honra y a la dignidad.

La CDHDF emitió 40 recomendaciones, entre las que sobresale un llamado al alcalde para realizar una disculpa pública a las víctimas y sus familiares, la cual debería publicarse en medios impresos de circulación nacional.

También recomendó crear un cuerpo policial mixto especializado en atención de casos en los que estén involucrados jóvenes, además de crear manuales de operación y protocolos en los que se establezcan ''métodos de trato digno a los adolescentes y jóvenes''.

Alvarez dijo que las autoridades intentaron obstaculizar su trabajo.