• Quito, Ecuador |
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La Asamblea Constituyente, que terminará su trabajo el 25 de julio, asumirá durante más de dos meses las tareas legislativas para suplir la falta de un Congreso, anunció el viernes el presidente del organismo, Fernando Cordero.

Queda por resolver quién legislará cuando terminen ese período luego del referendo previsto para el 28 de septiembre o 5 de octubre, que votará aprobar o rechazar la nueva Constitución que redacta la Asamblea desde hace ocho meses.

La Asamblea, controlada por una mayoría oficialista y que se declaró de ''plenos poderes'', inició su trabajo el 29 de noviembre y en una de sus primeras decisiones declaró en receso al Congreso y asumió sus funciones.

''Está claro que la Asamblea, ya no en calidad de plenos poderes, sino de función legislativa, supliendo ese receso (del Congreso), debe continuar'', informó Cordero en una entrevista pregrabada transmitida el viernes por el canal estatal Ecuador Tv.

Justificó la decisión en base al primer decreto que emitió la Asamblea y que habla del receso de los diputados elegidos el 15 de octubre de 2006, que según la norma inicia el 29 de noviembre del 2007 y termina cuando se proclamen oficialmente los resultados del referendo.

Explicó que lo ideal será que en ese tiempo, en la Asamblea ''no deberíamos tener una sola sesión'' porque el país estará inmerso en la campaña política sobre la nueva Constitución pero admitió la posibilidad de trabajar en sesiones extraordinarias, si son convocados por el presidente Rafael Correa.

Cordero aseguró que lo que está por discutirse es qué ocurrirá con la función legislativa tras la proclamación de resultados del referendo y qué opciones existirán de ganar el ''sí'' o el ''no''.

Contempló como posibilidades la convocatoria a elecciones, el regreso del Congreso cesado y una tercera opción sería encargar a los mismos asambleístas la función legislativa con el nombre de Asamblea Nacional.

El asambleísta del oficialismo, César Rodríguez, admitió en el canal Ecuavisa que existe ''un vacío'' y que la Asamblea debe ''darle una salida para que el marco institucional del estado de transición pueda funcionar''.

El partido de gobierno y el propio presidente Correa se han mostrado optimistas de que se aprobará la nueva Constitución que establece, entre otras cosas, una mayor participación del estado en la economía.