• San Francisco, California, EEUU |
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  • AP

Tres asesinatos atribuidos a un inmigrante salvadoreño están poniendo a prueba la política liberal de la ciudad de San Francisco, al haber detonado un debate sobre su llamada ley de santuario, que evita que los inmigrantes indocumentados sean deportados.

Todo comenzó con una escena que se repite a diario en las calles de la ciudad: un conductor queda atrapado entre dos automóviles, bloqueando una intersección, impidiendo que otro automóvil pueda dar vuelta a la izquierda.

Pero las autoridades dicen que eso fue suficiente para causar que el salvadoreño Edwin Ramos sacara un fusil AK-47 y matara a disparos a un hombre y sus dos hijos.

Los asesinatos conmocionaron a la ciudadanía, que se enfureció cuando las autoridades revelaron que Ramos, de 21 años, era un inmigrante sin papeles que logró evitar ser deportado a pesar de haber tenido roces previos con la ley.

El gobierno del alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, enfrenta una crisis política por el caso, cuya gravedad ha presionado a la fiscal de San Francisco Kamala Harris para que pida la pena capital contra Ramos.

Harris, quien hizo campaña con base en una agenda contra la pena de muerte y que nunca ha solicitado la pena capital durante los más de cuatro años en el cargo, ha rechazado decir exactamente cómo piensa proceder.

''Este caso ha sido visto como un caso de circunstancia especial'', lo que lo vuelve candidato para la pena capital, precisó la portavoz de la fiscal Erica Derryck.

El miércoles, Ramos se declaró inocente de tres cargos de homicidio en las muertes de Anthony Bologna, de 49 años, y sus hijos, Michael, de 20, y Matthew, de 16. Bologna y su hijo mayor murieron en la intersección el 22 de junio. El hijo menor falleció días después por las heridas.

La policía arrestó a Ramos, presunto miembro de la banda criminal Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. Los investigadores creen que él era el hombre que disparó el fusil, aunque otros hombres fueron vistos en el mismo automóvil.

El abogado de Ramos, Robert Amparan, dijo que su cliente no fue quien abrió fuego. ''Tienen a la persona equivocada'', agregó.

Amparan rechazó hablar de detalles del caso, pero negó que su cliente estuviese involucrado en actividades de pandillas y sostuvo que Ramos ingresó legalmente al país. Las autoridades federales sostienen que Ramos es un indocumentado.