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  • EFE

Unas 7.000 personas, en su mayoría extranjeras, han sido detenidas y encarceladas por el Consejo Nacional de Transición (CNT) libio desde el inicio del conflicto, según las informaciones recopiladas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Así lo anunció hoy en Ginebra la jefa de esta oficina en materia de Leyes, Igualdad y No Discriminación, Mona Rishmawi, quien formó parte de la delegación del Alto Comisionado que visitó, entre el 4 y el 10 de octubre, las ciudades libias de Trípoli, Bengasi y Misrata para evaluar la situación de los derechos humanos en el país.

Rishmawi considera "urgente" que se proceda a la identificación de todos los detenidos para diferenciar entre inmigrantes y mercenarios y llevar a cabo en cada caso un proceso judicial adecuado que cumpla con lo establecido en la ley internacional.

Desde hace meses, varias agencias humanitarias sobre el terreno denuncian arrestos arbitrarios de inmigrantes subsaharianos, especialmente de países como Chad, Níger o Nigeria, sospechosos de ser mercenarios a las órdenes del depuesto Muamar el Gadafi.

"La mayoría de estos detenidos fueron capturados en el campo de batalla, pero eso no significa necesariamente que sean mercenarios, por lo que es importante aclarar las causas de su detención", señaló Rishmawi, quien ve como un "peligroso error" la tendencia de las autoridades del CNT a asumir que todo extranjero es mercenario.

La responsable de la misión dijo que tiene constancia de que las fuerzas de Gadafi contrataron durante el conflicto armado agencias privadas de seguridad, radicadas "en países de diferentes continentes".

"No puedo aventurarme a dar nacionalidades, pero los mercenarios contratados por Gadafi no procedían solamente del África subsahariana, sino también de otros lugares, como Europa del Este o Latinoamérica, y entre ellos también había mujeres", precisó.

Expresó su preocupación por el trato que están recibiendo los arrestados y señaló que, aunque no tienen evidencias claras, en el Alto Comisionado se sospecha de que se hayan cometido torturas en los centros de detención.

Precisamente ayer, Amnistía Internacional publicó un informe en el que acusaba a las nuevas autoridades libias de haber llevado a cabo arrestos ilegales -2.500 personas capturadas sólo en Trípoli y alrededores- y torturas a detenidos.

Rishmawi explicó que el Alto Comisionado no se ha entrevistado todavía con ningún prisionero, pues no quiere que las alegaciones de torturas sean "el mero testimonio de unos pocos casos".

Por ello, esperará a estar establecido sobre el terreno para poder hacer un seguimiento adecuado de todos los casos.

Sin embargo, aclaró que tienen constancia de casos de torturas a través de las informaciones proporcionadas por familiares de detenidos, abogados y activistas de los derechos humanos que han seguido de cerca la evolución del conflicto.

Rishmawi adelantó que una segunda misión al país permitirá al Alto Comisionado indagar más en esta cuestión, así como investigar supuestos casos de abusos sexuales y violaciones a mujeres que sospechan que han podido suceder, aunque no tienen evidencias todavía porque se trata de un "tema tabú".

Respecto a los detenidos por formar parte del régimen de Gadafi, Rishmawi indicó que una de sus mayores preocupaciones es la ausencia de un "criterio claro" a la hora de identificar a estas personas.

"Es fácil identificar a los familiares de Gadafi, que eran el núcleo del régimen, pero la frontera entre los que simplemente se beneficiaron del régimen y los que realmente formaban parte de él es más difusa", señaló.

En este sentido, Rishmawi advirtió del riesgo de que un "sentimiento de venganza" domine la transición libia y afecte a todo el proceso de reconciliación nacional.

No obstante, reconoció que durante su visita al país percibió un clima generalizado de optimismo entre la población civil, que en su mayoría está convencida de que Libia "debe iniciar una nueva página en su historia con los valores de la democracia y los derechos humanos como bandera".