•   Washington  |
  •  |
  •  |
  • EFE

Defensores de la libertad de expresión denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el "preocupante" aumento de la violencia contra periodistas en México, la falta de protección y la impunidad, mientras que el Gobierno mexicano se comprometió a implementar acciones de protección.

Cyntia Cárdenas, de la organización "Artículo 19", lamentó que el "objetivo de quienes perpetran los ataques a los periodistas para silenciarlos" se ha cumplido en algunas partes del país, donde "no entra ni sale" determinada información, se han dejado de cubrir temas de interés público y los profesionales ya no denuncian tanto como antes las agresiones de las que son objeto.

La organización presentó una radiografía de las agresiones a los periodistas en México en una audiencia con motivo del 143 periodo de sesiones de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los denunciantes indicaron que desde el año 2000 se ha registrado el asesinato de 67 periodistas y 12 han desaparecido (ocho en el actual Gobierno).

Efecto silenciador
Los ataques violentos contra periodistas y medios de comunicación han tenido un "efecto silenciador" que, según esta organización, "se ha extendido a ciudades en las que el Estado no puede garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Si bien Cárdenas reconoció la apertura del Gobierno, representado en la audiencia, para ser examinado y atender recomendaciones sobre derechos humanos, así como para que se investiguen los ataques a periodistas, cuestionó su "eficacia", algo que achacó a una "falta de voluntad política, en un contexto que se deteriora".

Entre las deficiencias en las indagaciones de los casos, señaló la falta de un protocolo o una estrategia específica encaminada a investigar los casos de desaparición y acciones inmediatas para buscar y localizar a las víctimas.

También lamentó una tendencia a prejuzgar sobre los móviles y desacreditar a los periodistas antes de iniciar siquiera la investigación y un análisis serios.

"La impunidad en que se mantienen los agresores desincentiva y alimenta el temor de reportar, denunciar y dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos", señaló la organización, que lamentó que se "alienta a futuros perpetradores a cometer agresiones" y tiene un impacto directo en los medios que "han optado por autocensurarse".

Cifras escalofriantes
Desde febrero de 2010 señaló que su organización ha registrado el asesinato de al menos 15 periodistas, la desaparición de tres comunicadores, cuyo paradero aún se desconoce, y 19 ataques con explosivos o armas de fuego contra medios de comunicación, además de 130 agresiones de diverso tipo hacia medios y periodistas.

Por su parte, Omar Rábago denunció la renuencia del Estado a reconocer que la violencia proviene también de las autoridades y señaló que, para evitar esa "autocensura", algunos periodistas han recurrido a internet y a las redes sociales como medio para transmitir la información, pero tampoco están exentos de peligro.

Denunció el caso de una periodista de Tamaulipas, "usuaria activa de internet", que denunciaba acciones relacionadas con el crimen organizado, y que fue asesinada previas amenazas contra los que utilizan las redes sociales.

Los denunciantes pidieron que el Gobierno se comprometa con un plan de trabajo para cumplir las recomendaciones hechas en la materia sometiendo a la supervisión de la Relatoría de Libertad de Expresión.

Profundo compromiso

El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, señaló el "profundo compromiso" del Ejecutivo mexicano para "garantizar la seguridad e integridad de los periodistas en el país, así como el pleno ejercicio de la libertad de expresión" y aseguró que se han tomado medidas para investigar los casos de los periodistas bajo el marco de la Fiscalía especial.

Zamora rechazó que exista "una política de agresión al ejercicio de la libertad de expresión desde el poder público".

"No negamos que pueden existir conductas ilícitas por parte de algunos servidores públicos que deben ser y son actualmente investigados y sancionados por las autoridades", pero "debe quedar claro que las principales amenazas a los periodistas y a la libertad de expresión en México provienen del crimen organizado", sostuvo.