•   CARACAS / AFP  |
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El canal privado venezolano Globovisión, crítico con el gobierno de Hugo Chávez, anunció que recurrió el lunes ante la justicia por la multa de más de dos millones de dólares que le impuso el Estado por considerar que incitó al “odio” durante la cobertura de una crisis carcelaria.

Los abogados del canal de televisión acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad de la multa decidida el 18 de octubre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y criticada por organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Ricardo Antela, abogado de Globovisión, defendió que la sanción de Conatel viola derechos constitucionales y aseguró que el castigo pone en peligro la situación económica del canal: “Es impagable y lo estamos demostrando con documentos financieros y contables ante el tribunal”, afirmó.

Conatel sancionó a la cadena con una multa equivalente al 7.5% de los ingresos brutos en 2010, lo que supone 2.1 millones de dólares, al juzgar que el medio “demostró odio e intolerancia por razones políticas” e incurrió en la “apología del delito” al cubrir el motín desatado en junio en la cárcel del Rodeo, cerca de Caracas, que dejó unos 30 muertos.

“Nosotros lo que hicimos allí fue hacer nuestro trabajo”, aseguró el lunes una de las reporteras de Globovisión, María Alejandra Fernández, denunciando que el gobierno no permitió el acceso de los periodistas a las fuentes oficiales durante el motín.

Globovisión solicitó además medidas cautelares para lograr la nulidad de la multa, mientras los jueces estudian el caso de fondo, una decisión que el tribunal tomará en las próximas dos semanas.

Conatel actuó en virtud de una polémica Ley reguladora que refuerza el control del Estado venezolano sobre los medios de comunicación audiovisuales, y contempla desde la imposición de multas hasta la revocación de la licencia de emisión en caso de que no se respeten ciertos criterios definidos por las autoridades.

La CIDH criticó el mes pasado la multa, al estimar que las “sanciones económicas no deben ser tan altas que tengan un efecto inhibidor sobre la libre circulación de información e ideas de toda índole”.