•   LA HAYA / AFP  |
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El fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Luis Moreno Ocampo, viaja esta semana a Libia para intentar que las autoridades entreguen al tribunal a Saif al Islam Kadhafi, una misión complicada puesto que ellas quieren juzgarlo en el país.

“El test para el fiscal es hallar el equilibrio adecuado entre respetar a las nuevas autoridades y recordarles sus obligaciones”, explica a la AFP Dov Jacobs, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Leiden (oeste de Holanda).
Durante su visita a Libia, el fiscal abordará con el nuevo gobierno libio la entrega de Saif al Islam, hijo del difunto líder Muamar Kadhafi, y del exjefe de los servicios secretos libios Abdalá al Senusi, sobre los que pesan órdenes de arresto de la CPI desde el 27 de junio.

Saif al Islam, de 39 años, detenido el sábado por la noche en el sur de Libia, y Abdalá al Senusi, de 62 años, arrestado el domingo en el sur del país, están acusados de crímenes contra la humanidad cometidos desde el 15 de febrero hasta, por lo menos, finales de ese mes.

La CPI tiene competencia en Libia en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada el 26 de febrero.

En cuanto llegue a Trípoli, Moreno Ocampo deberá “ser lógico y claro con las autoridades libias sobre lo que les exige la Ley”, considera un experto en justicia internacional de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, Richard Dicker.

“Pero tendrá que hacerlo de forma respetuosa y respetar al pueblo libio. Debe tener en mente que su competencia está limitada a algunas semanas en febrero, y que los libios sufrieron bajo el régimen de Kadhafi durante las últimas cuatro décadas”, añadió.

Las autoridades libias anunciaron el domingo su intención de organizar ellas mismas el juicio de los dos hombres, desoyendo así un sinfín de llamamientos de la comunidad internacional pidiendo su entrega a la CPI.

Este tribunal solo puede juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra cuando la justicia de sus países de origen no quiere o no puede llevar a cabo una investigación o imputarlos.