•   NACIONES UNIDAS / EFE  |
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La Asamblea General de la ONU, condenó ayer la represión del Gobierno de Siria contra la población civil, y pidió el fin inmediato de la violencia que ya ha causado más de 3,500 muertos desde marzo pasado.
La Asamblea aprobó así, por primera vez, una resolución de condena a Siria con el voto favorable de 122 países, mientras que hubo 41 abstenciones y 13 votos en contra, como los de Irán, Bolivia, Ecuador Venezuela, Cuba, Nicaragua, Birmania y Corea del Norte, entre otros.

La condena de la Asamblea se produce después de que el Consejo de Seguridad, máximo órgano de decisiones de Naciones Unidas, haya fracasado durante meses en hacer lo mismo por la oposición de China y Rusia, que ayer se abstuvieron.

“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante lo que está ocurriendo en Siria”, señaló el embajador británico, Mark Lyall Grant, quien afirmó que “esta resolución es una respuesta única a los sucesos críticos que ocurren ahora mismo en Siria”.

El documento contó con el aval de 61 países, entre ellos seis árabes como Marruecos, Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin y Kuwait, y en ella se subraya la negativa evolución de la crisis política que comenzó hace ocho meses en Siria y en la que se han contabilizado ya miles de muertes.

Los países señalaron que pese a los repetidos llamamientos de Naciones Unidas y de la Liga Árabe al Gobierno del presidente de Siria, Bachar al Asad, “las violaciones de los derechos humanos se amplían y continúan” en ese país.

En los dos últimos días se han contabilizado más decenas de muertos, pues al menos 17 personas, entre ellas cuatro menores murieron ayer por esa represión en distintas provincias de Siria, revelaron los Comités de Coordinación Local, que se suman a los 18 del lunes en la provincia central de Homs.

La Asamblea condenó “enérgicamente las violaciones graves, continuas y sistemáticas de los derechos humanos por las autoridades sirias, como las ejecuciones arbitrarias”, así como el uso excesivo de la fuerza y la persecución y el asesinato de manifestantes y defensores de los derechos humanos, la detención arbitraria, las desapariciones forzosas, la tortura y “los malos tratos a los ciudadanos.

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