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BOGOTÁ / AFP

La guerrilla marxista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometió a liberar a seis militares y policías de un grupo de al menos 11 que mantienen en su poder desde hace más de 12 años, según un comunicado divulgado este martes en su página www.farc-ep.co.
“Con este saludo de año nuevo (...) informamos los nombres de tres de los seis prisioneros de guerra en nuestro poder que serán entregados (...) tan pronto como se acuerden los protocolos necesarios”, precisó el comunicado suscrito por el Secretariado (dirigencia) de las FARC.
De acuerdo con el documento, los seis uniformados serán entregados a la ex senadora Piedad Córdoba, quien dirige el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, grupo que ha recibido con anterioridad a otros liberados por las FARC y uno de cuyos miembros había anticipado la semana pasada que la nueva entrega de rehenes podría tener lugar en la segunda mitad de enero.
Poco después de conocerse el comunicado, el presidente Juan Manuel Santos encargó al ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón expresar “la posición y vocería única del gobierno frente al comunicado de las FARC”, en un mensaje enviado por su cuenta de Twitter. El ministro no se pronunció hasta ahora.
En su comunicado, el grupo insurgente precisó que entre los rehenes que serán dejados en libertad se encuentran “los subintendentes de la Policía Nacional Jorge Trujillo Solarte y Jorge Humberto Romero Romero, y el cabo primero de esa misma institución José Libardo Forero Carrero”.
“En breve anunciaremos la identidad de los otros tres”, señalaron a continuación los jefes guerrilleros.
En tanto el vicepresidente Angelino Garzón declaró que “necesitamos que, además de (la liberación de) los tres secuestrados, la guerrilla se comprometa a la liberación de todos los secuestrados sin ningún tipo de condiciones”.
“Que cesen la práctica del secuestro, el terrorismo, y como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, si ellos manifiestan hechos de paz, el gobierno tendrá toda la voluntad para construir espacios de paz y de diálogo, porque lo que más se requiere en el país es que se acabe la violencia”, dijo Garzón.
Santos ha indicado en varias ocasiones que está dispuesto a iniciar acercamientos hacia un proceso de negociación de paz con las guerrillas, siempre y cuando estas muestren su disposición mediante la liberación de los uniformados secuestrados, el no reclutamiento de menores de edad y la suspensión de los actos terroristas.
Las últimas negociaciones de paz entre las FARC -que se calcula que ahora tienen menos de 9.000 combatientes- y el gobierno fracasaron hace casi una década.
En su comunicado de este martes, las FARC advirtieron “al gobierno nacional y a la cúpula militar que no vayan a repetir lo ocurrido el pasado 26 de noviembre en el Caquetá”, cuando miembros de la guerrilla dieron muerte a cuatro uniformados que estaban secuestrados desde hacía más de 12 años, argumentando un supuesto intento de rescate por parte de la fuerza pública.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, denunció entonces que las víctimas fueron asesinadas luego de que unas tropas del ejército que seguían el rastro de una facción de las FARC entraran en combate por sorpresa con los rebeldes.
En su momento, el estatal Instituto de Medicina Legal certificó que los militares y policías fueron ejecutados por la espalda con disparos de armas de fuego de alta velocidad y algunos de ellos, rematados con tiros en la cabeza.
El pasado sábado, el periodista Carlos Lozano, miembro del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, había anticipado que las FARC se habían comprometido a dejar en libertad en enero a seis miembros de la fuerza pública.
“Ya existe compromiso de las FARC. Son seis los que van a liberar y creo que eso se podrá concretar hacia la segunda mitad del mes de enero”, señaló Lozano, Director del semanario izquierdista Voz, a la emisora Caracol Radio.
Creado en 2008, Colombianas y Colombianos por la Paz es un grupo de intelectuales de izquierda liderado por Piedad Córdoba.
Córdoba, que ha participado en anteriores liberaciones de secuestrados, fue destituida de su cargo de senadora por el Congreso en noviembre de 2010, luego de que fuera sancionada por la Procuraduría, que consideró que se había excedido en su mediación ante las FARC.