•   Buenos Aires, Argentina  |
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  • EFE

Los conflictos agitan las aguas del peronista Frente para la Victoria que lidera la presidenta argentina, Cristina Fernández, que este miércoles se operará de un cáncer y comenzará una baja médica de 20 días.

Las divisiones en la oposición, que no atina a reponerse de la aplastante derrota electoral de octubre pasado a manos de Fernández, aparecen como un acicate para las luchas de poder entre peronistas, como suele suceder cuando esa fuerza alcanza la supremacía política.

Fernández tomará una licencia médica de 20 días, hasta el 24 de enero, lapso en el que la jefatura del Estado quedará en manos del vicepresidente, Amado Boudou, un economista de 38 años a quien el ala juvenil del peronismo mira con desconfianza por su pasado en fuerzas conservadoras.

La Cámpora, ala juvenil liderada por Máximo Kirchner, hijo mayor de la jefa del Estado, está en el centro de disputas en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo, y en la de Santa Cruz, donde nació y gobernó el fallecido expresidente Néstor Kirchner.

A esto se agrega el distanciamiento de Fernández con poderosos líderes sindicales oficialistas y el "accidente doméstico" que el domingo causó la muerte al peronista Carlos Soria a 21 días de asumir la gobernación de la provincia de Río Negro, al parecer por un balazo de su esposa en medio de una disputa familiar.

Soria había roto 28 años de hegemonía de la socialdemócrata Unión Cívica Radical en Río Negro (sur), cuya gobernación pasó a manos del vicegobernador, Alberto Weretilnek, quien responde a una fuerza de centroizquierda y ha recibido la promesa de respaldo del peronismo provincial.

La enfermedad de Fernández, quien a los 58 años padece de un cáncer en la glándula tiroides con buen pronóstico de curación, potencia el impacto político de estos y otros conflictos debido al estilo "personalista" de la mandataria, coinciden analistas.

La prensa ha puesto de relieve que no han sido las patronales empresariales sino el "aparato" peronista, tanto el político como el sindical, el que ha desoído las peticiones de la jefa del Estado a cooperar y trabajar en favor del país, sobre todo en estos momentos de crisis económica en EE.UU. y Europa.

La Cámpora retiró su apoyo al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y le presiona en rechazo a su plan de ajuste económico cuyo debate parlamentario fue motivo de disturbios en Río Gallegos, la capital provincial, la semana pasada.

Además asedia a Daniel Scioli, mandatario de la provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada del país, a quien considera un rival de peso a la hora de discutir la sucesión de Fernández, cuyo segundo mandato presidencial vence en 2015, sin opción a renovarlo.

El ala juvenil liderada por el primogénito de Fernández ha ganado grandes espacios en las últimas elecciones y toma su nombre de Héctor Cámpora, ganador de las presidenciales de 1973 quien renunció para que ese mismo año fuese elegido el general Juan Perón, quien retornaba del exilio, y ocupara por tercera vez la jefatura del Estado.

Fernández "ha logrado la mayor acumulación de poder político institucional" de un mandatario argentino desde la restauración de la democracia, en 1983, "y lo ejerce en forma extremadamente concentrada y personalista", apuntó el analista Rosendo Fraga a Efe.

La Cámpora controlaba la mitad del gabinete y también casi la mitad de la legislatura de Santa Cruz, una de las provincias menos pobladas del país, hasta que le retiró el apoyo a Peralta, quien soporta una "crisis de gobernabilidad" luego de haber sido reelegido gobernador con el 54 por ciento de los votos.

"La paradoja" es que Santa Cruz "es la primera provincia del país en realizar un ajuste del tipo que hoy llevan adelante los gobiernos europeos y que tanto critica" la mandataria argentina, subrayó el analista.

Otras siete provincias, entre ellas cinco gobernadas por el oficialismo peronista, preparan ajustes económicos que pueden ser motivo de conflicto social.

En Santa Cruz, los distintos sindicatos se unieron para rechazar ajustes económicos, lo que a juicio de Fraga favorece a Hugo Moyano, con quien Fernández ha tomado distancia y aspira a retener el liderazgo de la peronista Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera del país.