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Un ex jefe de la policía fiscal en el estado de Coahuila, al norte de México, fue detenido el viernes por supuestos nexos con el cartel de los Zetas, divulgó este sábado la prensa mexicana.

Manuel Jesús Cícero fungió en 2010 como jefe de la policía operativa de la fiscalía de Coahuila, un estado fronterizo con Estados Unidos y escenario de disputas entre carteles por el control de la región.

Cícero se trasladó luego al estado de Quintana Roo (este) donde ocupó el cargo de subsecretario de Seguridad hasta finales de 2011. En ese estado fue capturado el viernes y trasladado a la capital para su declaración.

La detención se produjo apenas un día después de la captura de la subdelegada de la Procuraduría General de la República en Coahuila, Claudia González. A ambos se les señala por presuntamente colaborar con los Zetas.

La información del grupo de autoridades que colaboraba con los Zetas fue divulgada por Pedro Toga Lara, "el Guacho", apresado el año pasado y quien ha dado detalles de los pagos que hacían a policías y funcionarios.

Por esa misma investigación permanecen detenidos desde marzo del año pasado 16 soldados que prestaban servicio en Coahuila.

En base a declaraciones de Toga Lara, el diario local Reforma publicó el sábado que los Zetas también tenían en nómina a un general destacado en Coahuila, cuyo nombre fue omitido de los documentos.

La información coincidió con el anuncio de organizaciones de derechos humanos del estado de Chihuahua, también al norte de México, del traslado del fuero militar al civil de un caso por desaparición forzada por parte de soldados.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte resaltaron en un comunicado que la semana pasada la secretaría de Defensa les informó que remitieron el caso de la desaparición forzada en 2009 de tres jóvenes a la Procuraduría General de la República.

Los estados al norte de México se han visto envueltos en una ola de violencia generada por la disputa que libran el cartel del Golfo y sus antiguos aliados Los Zetas, grupo fundado por ex militares desertores, así como por las acciones militares de lucha antidroga que desde hace cinco años emprendió el gobierno. En este escenario, en todo el país han muerto más de 50.000 personas, según recuentos de prensa.

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