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LA PAZ / AFP

Cinco de los nueve departamentos bolivianos realizan este martes un paro cívico contra el presidente izquierdista Evo Morales, mientras el Gobierno evalúa movilizar tropas del Ejército y la Policía para conjurar lo que considera puede convertirse en una jornada violenta.

John Cava, líder civil del departamento de Chuquisaca (sudeste), dijo a la AFP que “todo está dispuesto para la huelga del martes, que va a ser pacífica” en su departamento y en los de Santa Cruz (este), Beni (noreste), Pando (norte) y Tarija (sur).

Los prefectos (gobernadores) y líderes civiles de los cinco departamentos, que forman la más fuerte oposición al mandatario andino, exigen que el gobierno les devuelva unos 166 millones de dólares de fondos regionales que les retiró a finales de 2007 para destinarlos a un bono para ancianos.

El gobierno expresó su temor de que el paro de actividades en las cinco regiones derive en hechos de violencia.

“Este paro cívico encarna severas amenazas de violencia, promete desencadenar actos de violencia y de intimidación”, aseguró en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho del presidente.


¿Clima golpista?
Según el ministro, el gobierno toma las previsiones para “poder emplear a las instituciones (Policía y FFAA) que controlan el orden público” para preservar las oficinas públicas en las ciudades que irán a la huelga.

El ministro Quintana, un ex mayor de Ejército, reiteró que la oposición está promoviendo un clima golpista, al tratar de desestabilizar la institucionalidad que representa el presidente.

El Poder Ejecutivo teme que miembros de la Unión Juvenil Cruceñista --grupo de choque del comité cívico de Santa Cruz--, tomen por la fuerza oficinas públicas, como Impuestos Nacionales o el Instituto Nacional de Reforma Agraria, como forma de mostrar el anhelo de la región de tener su régimen autonómico y manejar sus propias instituciones.

Matutinos de la ciudad de Santa Cruz, como el influyente El Deber, dijeron que militares y policías están acuartelados y desplazados en oficinas públicas para evitar cualquier toma violenta.

La huelga civil llega luego de un referendo nacional realizado hace días en el que salieron victoriosos el presidente izquierdista y cuatro prefectos (gobernadores) opositores, entre ellos el de Santa Cruz, Rubén Costas.

El resultado de ese referendo --con los dos bandos ganadores y fortalecidos-- es calificado por los analistas locales como “un empate catastrófico”, con escasas posibilidades de que cuajen las dos visiones que reflejan el oficialismo --estatista-- y la oposición --liberal--.

Tres días después del referendo hubo un intento de diálogo entre el gobierno y los prefectos opositores pero que se terminó bien pronto, con escasos resultados y la convocatoria a este paro civil.