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  • AFP

El Gobierno hondureño nombró a tres intelectuales como miembros de una comisión que depurará la Policía, Fiscalía y el Poder Judicial, de la infiltración del crimen organizado, informó ayer martes un comunicado oficial.

El equipo, al que se sumarán dos extranjeros -probablemente un chileno y un canadiense-, estará integrado por Jorge Casco, exrector de la Universidad Nacional; Matías Funes, docente jubilado de ese centro; y Víctor Meza, Director del Centro de Documentación de Honduras, Cedoh, y exministro de Gobernación, según la nota.

“Es una responsabilidad bien delicada, para coadyuvar a que la situación de Honduras mejore”, declaró Funes a la radioemisora HRN, donde ha laborado como analista.

El gobierno del presidente Porfirio Lobo acordó la creación de la comisión, luego de descubrirse que sedes policiales enteras integraban bandas de narcotraficantes, secuestradores, roba carros y extorsionadores.

La Fiscalía denunció a la Policía --de 14,500 efectivos-- luego de que ocho miembros de esa institución fueron señalados de haber matado el 22 de octubre pasado a dos estudiantes de la Universidad Nacional, uno de ellos hijo de la rectora de ese centro, Julieta Castellanos.

Castellanos fue nombrada por Lobo al frente de una comisión que sugiriera fórmulas para resolver el problema de la corrupción policial, y propuso la integración de ese equipo de hondureños y extranjeros para la difícil labor de depuración, que se centra en la Policía, pero que también abarcará a fiscales y jueces.

Según el decreto del gobierno, la comisión deberá “investigar dentro de la Policía Nacional, fiscales y jueces, en toda su estructura y desde la cúpula hasta su base, los actos de corrupción, violaciones de derechos humanos (y) delitos de distinto tipo”.

También investigará “los modos de operar”, “abusos” policiales, “así como los vínculos clandestinos para cometer ilícitos existentes entre la Policía, el crimen organizado, las pandillas y cualquier estructura delictiva”.

Una de la funciones de la comisión, que trabajará tres años, será determinar los ingresos de los funcionarios y compararlos con sus propiedades en bienes muebles e inmuebles, así como las de sus cónyuges y parientes.

Honduras, con una población de 8 millones de personas, registró 86 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011, y lo convierte en el país más violento del mundo, según informes de la ONU.