•   Montevideo, Uruguay  |
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  • AFP

Los enfermeros que confesaron haber asesinado al menos a 16 pacientes aprovechaban emergencias en los hospitales para sustraer drogas que luego usarían para cometer sus crímenes, revelaron autoridades sanitarias de Uruguay, que intensifican las medidas para aumentar los controles.

El viceministro de Salud Pública Leonel Briozzo explicó ayer martes en conferencia de prensa que si bien en los centros sanitarios existe registro y control del uso de los medicamentos, cuando sobreviene una emergencia --como un paro cardiorrespiratorio o una hemorragia masiva-- “se instauran medidas inmediatas de reanimación (y) el contralor queda de lado frente a la importancia de dar medicación de inmediato para salvar la vida”.

“Esas ventanas en las cuales la atención en salud prima por sobre el control (...) eran ventanas que estos delincuentes con intencionalidad de hacer daño aprovecharon para adueñarse, según lo que dijo el juez, guardarlas y utilizarlas después en los procedimientos de asesinato que cometían”, reveló.

Según Briozzo, los controles “en términos genéricos de la medicación dada no fallaron. Lo que sí falló de alguna manera fue que había personas que en vez de estar reanimando gente estaban especulando cómo robar medicamentos para guardarlos y después dar muerte a otras personas”, enfatizó.

“Epidemia criminal”
El Ministerio de Salud Pública, MSP, comenzó el martes investigaciones administrativas en los sanatorios donde ocurrieron las muertes y está recibiendo asesoramiento de parte de técnicos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

“Nadie podía anticipar desde el punto de vista sanitario una epidemia criminal”, dijo en la rueda de prensa el representante de OPS en Uruguay, Eduardo Levcovitz, quien reveló que la experiencia muestra que “el asesinato serial en los servicios de salud no es totalmente infrecuente”.

“Lo único que se llega a concluir es que no hay motivos comunes, no hay metodologías comunes”, aseguró.

Entre las medidas que estudia el MSP está la posibilidad de instalar cámaras en algunos sitios para registrar los tratamientos que reciben los pacientes internados y que funcionarían como “cajas negras”, solo en caso de que se produzcan muertes dudosas.

Además, se apuesta a “tender al autocontrol del equipo médico”, dijo Briozzo, lo que implica “cambiar la cultura de no denunciar a un compañero”.

Esto permitiría “minimizar el riesgo y, si ocurre algo, que sea detectado a tiempo con el menor daño posible”, aseguró.
 
“Decenas de muertes”
Ni las autoridades sanitarias ni la Policía quieren manejar cifras o periodos en los que habrían actuado los enfermeros, que trabajaban desde hace más de una década en la salud, lo que alienta los temores de que las víctimas puedan ser decenas, o incluso centenares.

“Me dan mucho asco, y asco la gente que los tapó, que los protegió, que los apañó, porque detrás de ellos tiene que haber algún responsable”, dijo a la AFP Miriam Rodríguez, hija de Santa Gladys Lemos, cuyo asesinato la semana pasada aceleró las investigaciones y permitió detener a los enfermeros.

Lemos, una mujer diabética de 74 años, acababa de recibir el alta cuando murió sorpresivamente, lo que alertó al cuerpo médico, que ordenó una autopsia.

Los familiares de Lemos se enteraron el domingo que la muerte de su madre no había sido natural. “El juez nos dijo que había muchas personas, decenas, decenas de muertes”, aseguró Miriam.

En las últimas horas, el teléfono de la Unidad de Información al Usuario del MSP no ha cesado de sonar, recibiendo angustiosos llamados de familiares de fallecidos que podrían estar entre los casos a investigar por la justicia.