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  • AFP

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, exhortó a Colombia a desmantelar los grupos paramilitares, según un informe presentado este miércoles en Ginebra.

En el documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay recomendó "el desmantelamiento de los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares y de las estructuras que los alimentan", así como "el enjuiciamiento de sus miembros y colaboradores, incluidos funcionarios del Estado".

Pillay denunció que esos grupos "continúan en expansión", aumentan "el número de masacres y de víctimas" que se les atribuyen, "ejercen control territorial, (y) restringen la libertad de movimiento de la población".

También se observa una "complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la fuerza pública con esos grupos, (...) causada por corrupción, intimidación y amenazas", añade.

Esas organizaciones "ejercen control social", imponiendo sus normas de comportamiento y sanciones públicas y "resolviendo" conflictos sociales, en muchas ocasiones "de manera brutal", denuncia.

Cuentan -según el informe- con "alta capacidad de reclutamiento, incluyendo niños, niñas, y adolescentes, y utilizando estructuras delincuenciales y sicarios para apoyar sus actividades".

Ante estas "evidencias", la Comisión Colombiana de Juristas está preocupada por "la insistencia del Gobierno en negar su existencia". Se demuestra -añade- que "no han sido efectivamente desmantelados".

Según esta comisión colombiana, "la mayoría de los casos de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos permanecen en la impunidad".

Amnistía Internacional señaló que sólo en 2011 hubo "49 homicidios de defensores y defensoras, una de las cifras más altas de los últimos años" y agregó que "la gran mayoría de los agresores, sean guerrilleros, paramilitares o miembros de las fuerzas de seguridad, nunca han comparecido ante la justicia".

La delegación de Colombia replicó que el Estado "tiene una política institucional de tolerancia cero frente a las violaciones de los derechos humanos" y que "la lucha contra la impunidad continúa siendo una prioridad del Gobierno nacional".

"El respeto y garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos en el país ha sido un compromiso permanente del presidente Juan Manuel Santos", afirmó la delegación de Colombia, "manifestado en pronunciamientos formales y públicos de reconocimiento" de su labor, "en medidas concretas de protección" y "en la apertura de espacios" para el diálogo.