•   San Salvador, El Salvador  |
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  • ACAN-EFE

Organizaciones civiles demandaron al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, por el caso de una mujer que murió en la cárcel en 2010, acusada de haberse practicado un aborto, aunque al parecer le fue provocado por un cáncer.

La demanda fue interpuesta por la Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Local de El Salvador y el Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos, en representación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico y familiares de la víctima.

"La demanda que estamos presentando simultáneamente en este momento en la ciudad de Washington (ante la CIDH) está orientada a que el Estado responda por las violaciones a los derechos humanos en el caso de 'Manuela' (nombre ficticio)", dijo en conferencia de prensa, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana, integrada por diferentes organizaciones civiles.

En la demanda se plantea la problemática y la violación de derechos humanos que sufrió "Manuela", que fue sometida a detención "arbitraria" y "trato cruel", destacó Herrera.

La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, dijo a periodistas que desconocía el caso y prefería dejarlo "para una discusión posterior", aunque reconoció que existen algunos problemas en la ley que deben ser abordados con "la seriedad debida" en cuanto al aborto.

El abogado de la Agrupación Ciudadana, Dennis Muñoz, explicó que "Manuela" lo único que hizo "fue buscar ayuda de emergencia en un hospital" porque tenía una fuerte hemorragia a consecuencia de un parto precipitado, "y lejos de encontrar esa ayuda clínica médica fue denunciada por el delito de aborto".

Posteriormente, por las autoridades policiales y fiscales (...), fue esposada en la cama" del hospital y luego "acusada de homicidio agravado", por lo cual fue condenada a "30 años de prisión", en 2009, agregó.

La mujer no tuvo una defensa adecuada en el proceso, ya que conoció a su defensor hasta el día que "estaba siendo condenada", indicó Alejandra Cárdenas, abogada del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos.

El cáncer linfático que padecía la acusada "tuvo directa relación con la emergencia obstétrica" que sufrió y al final la llevó a lacárcel, sostuvo Cárdenas.

Indicó que desde 2006, dos años antes de que "Manuela" quedara embarazada, consultaba en un hospital sobre su padecimiento pero siempre le daban medicamento para una gripe común.

"Sólo un año después de que se le ingresa a la cárcel (2009), finalmente deciden llevarla a un hospital para que le hagan una biopsia" y le diagnostican cáncer, agregó.

Ella murió en prisión en 2010, dejando huérfanos a sus dos hijos pequeños, y "aunque el Estado no creó el cáncer de ella, sí es responsable por la concreción de ese riesgo que terminó en su muerte", indicó Cárdenas.

"El Salvador es el país que definitivamente ha llevado más lejos esta persecución sin sentido, sin pruebas y sin presunción de inocencia", cuando hay alguna sospecha de aborto en los centros hospitalarios, consideró Cárdenas, quien afirmó que su organización tiene presencia a nivel latinoamericano.

En El Salvador "hay una paranoia en los hospitales de denunciar a las mujeres ante cualquier sospecha de aborto; se da una situación similar en República Dominicana, Nicaragua, Honduras, pero no al grado en el que se ha llegado aquí El Salvador)", de "llevar a las mujeres de la cama a la cárcel", consideró.

El Salvador es uno de los cinco países en Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que prohíben el aborto de manera absoluta.