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  • AFP

El gobierno de Honduras reconoció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave crisis del sistema penitenciaro de su país, que sufrió en febrero uno de sus más trágicos sucesos, cuando un voraz incendio en una cárcel dejó 361 muertos.

Sobrepoblación de las prisiones, más de la mitad de los reos sin condena, infraestructura anticuada y falta de fondos para acometer reformas: las representantes del Estado hondureño pintaron un panorama sombrío en la audiencia pública de la CIDH en Washington.

"La infraestructura precaria de los centros penales es algo que nos dificulta mucho el control y el debido tratamiento de los presos", admitió la subsecretaria de Estado de la Secretaría de Seguridad, Marcela Castañeda.

Pero el gobierno de Porfirio Lobo "ha atendido responsablemente el incendio" del 14 de febrero de la cárcel de Comayagua, a 90 km al norte de Tegucigalpa, y las secuelas que ha dejado, afirmó la procuradora general, Ethel Deras.

Deras indicó que el Estado investiga "si hay alguna responsabilidad de algún funcionario público" en el incendio, que según las primera indagaciones habría sido accidental.

"Sin lugar a dudas la situación de las cárceles en Honduras es una situación de suma gravedad y de una crisis verdaderamente estructural", replicó el comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar.

"Se presentan deficiencias estructurales en todo el sistema", subrayó Escobar, comisionado para las personas privadas de libertad.

La Comisión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), prepara una visita junto a la ONU a Honduras para revisar el estado del sistema penitenciario.

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