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  • AFP

Leyes restrictivas, una "grave" criminalidad, ataques a la libertad de expresión y la "fragilidad" del poder judicial afectan seriamente los derechos humanos en Venezuela, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe anual.

La Comisión incluyó a Venezuela, junto a Cuba, Honduras y Colombia, en el llamado Capítulo IV de su informe, dedicado a aquellos países donde existen situaciones que afectan "seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales".

Venezuela, que ha amenazado con abandonar el ente autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, alegando que está parcializado en su contra, ha sido incluida en esta "lista negra" de los informes anuales por una década, desde 2002.

Durante 2011, la CIDH observó la continuación de la "provisionalidad de los jueces y fiscales" lo que "conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de independencia", indicó en el informe presentado este lunes en la OEA.

Bajo los poderes legislativos excepcionales de los que dispone el presidente Hugo Chávez desde finales de 2010, se han aprobado leyes que implican "restricciones legales y administrativas" que restringen varios derechos.

Libertad de expresión atacada

Los ataques a la libertad de expresión preocupan a la CIDH, que recopiló en su informe denuncias de asesinatos, ataques, hostigamiento y procesos penales contra reporteros y medios, aunados a limitaciones al acceso a la información pública.

Asimismo, la Comisión juzgó "insuficientes" las respuestas del gobierno frente a la enorme criminalidad en Venezuela, el país con más homicidios en Sudamérica, según la ONU.

La CIDH lamentó que desde la última visita a Venezuela en 2002, el gobierno de Chávez le ha negado la posibilidad de regresar pese a múltiples solicitudes, lo que "afecta" su trabajo.

Caracas acusa a la Comisión de haber reconocido el breve gobierno de facto durante el golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez, y no escatima epítetos en su contra.

La animadversión del gobierno de Chávez es patente: en noviembre pasado, la Comisión envió a Caracas el borrador de este informe para conocer sus observaciones, pero no recibió respuesta, según la Comisión, que no obstante reiteró su "disposición al diálogo".

Los otros casos
En cuanto a Honduras, la CIDH afirmó que "asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación" que por décadas afectaron al país, se "agudizaron" desde el golpe de Estado de junio de 2009 y durante el año pasado sus "efectos o repercusiones se han mantenido".

En Cuba, la situación de "restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento (...) no ha variado", resaltó el informe.

La Habana desconoce la jurisdicción de la CIDH, pero ésta la reivindica, ya que pese a no ser un miembro activo Cuba sigue perteneciendo a la OEA.

Colombia sigue sufriendo "muy graves situaciones violatorias de derechos humanos" por su conflicto interno, pese a esfuerzos del gobierno, se mantiene el "grave problema" de los desplazados internos y falta de procesamiento de agentes de la fuerza pública por ejecuciones extrajudiciales, señaló la CIDH.

En general, el informe reconoce "importantes avances" en la región, como la decisión de Uruguay de declarar imprescriptibles los crímenes de la dictadura y una reforma en México para elevar los derechos humanos a rango constitucional.

Asimismo, resaltó que países como El Salvador y Guatemala pidieron disculpas públicas por masacres militares durante las guerras civiles.

Pero el continente sigue en deuda con varios grupos: las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, los inmigrantes, las lesbianas, gays, trans y bisexuales (LGTB) y los defensores de derechos humanos en general, advirtió la Comisión.

Este informe es publicado a pocos días de que la CIDH se pronuncie sobre recomendaciones aprobadas por la OEA en enero para mejorar su funcionamiento, pero que a pesar de no ser vinculantes fueron condenadas por numerosas organizaciones civiles como un intento por disminuir sus atribuciones.