•   Valparaíso, Chile  |
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  • ACAN-EFE

El Congreso chileno aprobó hoy una ley que establece un indulto a cerca de 6 mil personas, 1.066 de ellas extranjeros, con el objeto de descongestionar las cárceles y reducir el hacinamiento de la población penal en este país.

La iniciativa beneficia a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos menores, excluyendo a quienes tengan penas altas o hayan cometido delitos vinculados a los derechos humanos.

Según explicó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, "este proyecto de ley nos va a permitir expulsar a 1.066 personas, extranjeros ilegales, a sus respectivos países".

"De acuerdo a las normas internacionales los países están obligados a recibir a estas personas, las que a su regreso quedan en absoluta libertad", precisó el ministro Ribera a los periodistas.

El ministro de Justicia indicó que del total de personas que serán expulsadas del país por la vía del extrañamiento, 988 provienen de países limítrofes.

"Vamos a tener un plazo de 150 días desde la promulgación de la ley para poder organizar la expulsión de estas personas, que no va a ser una expulsión inhumana", aseguró.

Ribera explicó que no sólo lo van a colocar en la frontera "sino que nos preocuparemos que haya traslado y locomoción para que puedan ir hasta la próxima ciudad relevante en el país respectivo".

Respecto de extranjeros que provengan de países no limítrofes esta función va a ser realizada a través de un avión institucional del Estado o aviones comerciales donde las personas serán acompañadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

El indulto beneficiará también a 4.800 chilenos que están con libertad diurna y reclusión nocturna principalmente por el no pago de multas, penalidad que será conmutada por sistemas de control, firma mensual u otro.

Sostuvo que esta iniciativa no pone en peligro la seguridad ciudadana, porque estas personas ya pasaban gran parte de la jornada diaria en libertad.

La ley establece algunas condiciones que deberán cumplir los presos beneficiados, como el compromiso de no volver a infringir. Si lo hacen, tendrán que cumplir la nueva condena y el término del tiempo que se les condonó.

Además, estarán sometidos hasta por tres años al control por parte del servicio de gendarmería (guardia de prisiones).

El proyecto de indulto fue enviado al parlamento después de que la iglesia chilena propusiera un indulto con motivo del bicentenario de la República, el 2010, con el objeto de reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de los reclusos.

El tema cobró especial relevancia en diciembre del mismo año tras un incendio de la cárcel de San Miguel, a unas 40 manzanas al sur del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, donde fallecieron 81 reclusos.