•   San José, Costa Rica  |
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  • AFP

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció este miércoles una serie de fuertes medidas para evitar que se dispare el déficit fiscal, incluida la venta de activos del Estado, luego de que la Justicia declaró inconstitucional un proyecto de ley de reforma tributaria.

"La ley de solidaridad tributaria (...) fue aprobada por una amplia mayoría de diputados, sin embargo, la Sala Constitucional detuvo su avance y nos encontramos en un escenario de incertidumbre sobre su futuro", dijo la mandataria en una cadena de televisión.

Para paliar el elevado déficit fiscal, que podría superar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de año, Chinchilla anunció la venta de bienes inmuebles propiedad del Estado, sin entrar en detalles.

También adelantó que decretará el congelamiento de salarios y pensiones altas a cargo del Estado, así como las dietas en juntas directivas de las instituciones públicas.

Otra de las medidas que promoverá mediante un nuevo proyecto de ley es la reducción del financiamiento del Estado a los partidos políticos, la eliminación de exoneraciones a productos de lujo y el envío de remesas de utilidades al exterior.

La presidenta anunció, además, que se creará una factura electrónica para garantizar que las empresas paguen efectivamente el impuesto sobre las ventas.

Finalmente, Chinchilla dijo que se autorizará a las empresas e instituciones del sector público para que trasladen sus superávits al gobierno central.

"Todas estas acciones, sumadas a las que ya hemos venido realizando, representarán cerca de un 0,8% del PIB y procurarán que el déficit no supere el 5% de éste al final de mi administración", indicó.

No obstante, hizo un llamado a los diputados a que den un trámite expedito a varios proyectos de ley que enviará al Congreso para poder cumplir con algunas de estas medidas que requieren aprobación legislativa.

La reforma tributaria, que había sido aprobada en el primero de dos debates por el Congreso, fue frustrada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al considerar que varios aspectos de su trámite legislativo eran inconstitucionales.

La normativa, que enfrentó el rechazo de gremios empresariales, sindicatos y un sector de la oposición política, establecía un incremento de 13 a 14% del impuesto al valor agregado, así como el establecimiento de un impuesto de renta global y universal, entre otras medidas.