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  • EFE

La Fiscalía de México anunció hoy recompensas de hasta 16.500 millones de pesos (unos 1.229 millones de dólares) a quienes proporcionen información que permita hallar a 11 personas secuestradas y a los presuntos responsables de esos casos.

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) hizo este ofrecimiento en tres acuerdos publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para combatir el secuestro, que ha aumentado en los últimos años en México.

La Fiscalía incluyó el caso de "tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otro individuo" que fueron secuestrados el 28 de octubre de 2010 en ese estado del norte del país.

Por su localización ofreció hasta 5 millones de pesos (unos 373.000 dólares) y 2.500 millones (186.500 dólares) por información que permita identificar, localizar o capturar a los probables responsables del secuestro.

También ofreció recompensas por los mismos montos por información que permita hallar a cuatro hermanos, dos secuestrados el 29 de agosto de 2008 en el estado de Guerrero y otros dos, el 22 de septiembre de 2010, cuando se dirigían al municipio de Vega de la Torre, en Veracruz.

El tercer acuerdo establece una recompensa de hasta 1 millón y medio de pesos (110.000 dólares) a quienes aporten datos para localizar a tres personas más que fueron enviadas a la norteña ciudad Matamoros, el 29 de diciembre de 2010, por una clínica de rehabilitación y nunca llegaron a su destino.

México registra un promedio diario de seis secuestros, según cifras oficiales que contrasta con las organizaciones civiles como el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLDH), que ubicó en 49 los casos al día.

Los datos de esta ONG no incluyen el secuestro "exprés", que dura varias horas y del que solo en la capital mexicana se cometen centenares a diario, según el CLDH, que sostiene que por cada diez casos solo uno se denuncia ante las autoridades.

El Congreso aprobó a fines de 2011 una ley que endurece las penas a los secuestradores con sanciones que van de 25 a 45 años de cárcel cuando hay violencia o los delincuentes son o han sido policías, y de 40 a 70 años de prisión si los rehenes mueren.