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  • AFP

Un sector bancario frágil, un sistema tributario poco eficiente, un desempleo por las nubes, alto endeudamiento, más pobreza y exclusión social: el diágnostico desgarrador de la Comisión Europea para España, divulgado este miércoles, muestra un "desequilibrio demasiado serio".

España ha emprendido "reformas ambiciosas" en sectores clave como el financiero, laboral, además de haber anunciado planes "para reforzar la disciplina fiscal", admitió la Comisión Europea, en sus recomendaciones para reactivar el crecimiento y el empleo en la UE durante 2012-2013.

Pero no alcanza. "España enfrenta aún importantes desafíos tras el estallido de la burbuja inmobiliria" y crediticia en 2008, señaló el informe que colocó a España junto a Chipre en la lista negra de los países de la UE que presentan "desequilibrios demasiados serios".

El plan de reformas del gobierno conservador de Mariano Rajoy es "en general pertinente, pero en muchas áreas carece de la ambición necesaria". Por tanto, "deberá hacer muchos esfuerzos más para frenar el vertiginoso aumento de la deuda pública y restaurar la confianza de los mercados", señaló.

En ese contexto, la CE considera pedir a los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) que le den un año más a España, hasta 2014, para rebajar su meta del déficit público al 3% del PIB, según dijeron fuentes europeas, aunque explicaron que a cambio Madrid deberá imponer más ajustes y reformas.

"Estamos considerando esa posibilidad y lo podríamos anunciar hoy (este miércoles)", dijo una fuente a la AFP, aunque nada de ello aparece escrito en el informe de cerca de cuarenta páginas.

El ejecutivo de Madrid debe reducir el déficit público al 5,3% del PIB este año, desde el 8,9% en 2011, para alcanzar la meta del 3% en 2013, como lo exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En las recomendaciones, la Comisión argumentó además que necesita más información del gobierno sobre las medidas "a aplicar a partir de 2013, que aún no ha especificado".

Así, España volvió al centro de mira de los mercados, que dudan más que nunca de la capacidad del país de asumir solo sus compromisos financieros, especialmente luego de que el gobierno anunciara que acudirá al rescate de bancos y comunidades autónomas en plena recesión.

Entre ellos, el país, que representa un 12% del PIB de la zona euro, debe realizar el rescate de Bankia, el más caro de su historia, que necesita una inyección adicional de 19.000 millones de euros.

El sector bancario sigue siendo "frágil debido a un elevado endeudamiento del sector privado y empresarial", evaluó el Ejecutivo comunitario, al adevertir que está aún "muy expuesto a los activos tóxicos inmobiliairos".

Si bien "las recientes reformas han ayudado a acelerar la restructuración del sector financiero, éstas deben continuar", exige Bruselas.

Debido a "condiciones de mercado díficiles, perspectivas económicas débiles y medidas más severas para el aprovisionamiento de los bancos, las empresas se exponen cada vez más a dificultades para conseguir crédito y financiarse", expone.

En los últimos días, España preocupa además por un tema que hasta ahora parecía controlado: un vertiginoso endeudamiento público. "La deuda pública se ha convertido en un problema emergente y que crece a una velocidad aterradora", dictaminó la Comisión.

"Más consolidación fiscal y más disciplina fiscal son necesarias a nivel regional para frenar el rápido endeudamiento público", remató.

Pero Bruselas y los mercados se preocupan también por la situación de las 17 comunidades autónomas, las regiones españolas dotadas de importantes competencias como la salud y la educación, y responsabilizadas de la desviación presupuestaria de España en 2011.

Lejos del 6% comprometido con Bruselas, el país registró un déficit público del 8,9% del PIB el año pasado. Y las comunidades autónomas, que debían rebajar el suyo a 1,3%, terminaron 2011 con un 2,94%.

Otro capítulo está destinado al desempleo, que afectaba en marzo, según la oficina europea de estadística Eurostat, al 24,1% de la población activa.

"España necesita urgentemente la implementación de reformas estructurales" para crear nuevos empleos.

"Las consecuencias sociales de la crisis se reflejan en el incremento de la amenaza de pobreza y exclusión social", advierte el informe.