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  • AFP

¿Se puede homenajear al ex dictador chileno Augusto Pinochet? El debate arde en Chile tras la convocatoria a un acto de homenaje el próximo domingo por sus partidarios, y rechazado por organizaciones de víctimas, pero defendido por partidarios de la libertad de expresión.

El acto fue organizado por la Corporación 11 de septiembre -cuyo nombre hace referencia a la fecha del golpe de Estado que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende en 1973-, para honrar el legado del exdictador a través de la exhibición del documental ‘Pinochet’, que analiza la situación política previa al golpe y resalta las principales obras de su régimen.

Pero junto con las invitaciones al acto público, al que sus organizadores esperan asistan unas 4,000 personas, se expandieron en las redes sociales los llamados a “funar” (manifestarse ruidosamente) la ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Las “funas” nacieron en democracia en Chile para denunciar públicamente a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3,000 muertos, repudiándolos con ruidosas manifestaciones frente a sus casas o a sus lugares de trabajo.

Pero algunos quieren ir más allá, y plantean la necesidad de prohibir el acto, abriendo de paso por primera vez el debate sobre si se puede o no homenajear a una figura como Pinochet.

Familias de víctimas quieren prohibir acto

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, considera inaceptable el homenaje y presentó un Recurso de protección ante la justicia chilena para cancelar la iniciativa, sobre la base que se trata de una apología a la violencia y a los crímenes de lesa humanidad.

“En cualquier otro país del mundo, quien hace alegoría o reivindica lo que es el genocidio o el terrorismo de Estado, incluso puede ir a la cárcel”, se quejó Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, quien emplazó al gobierno a pronunciarse al respecto.

“Un acto así no se podría celebrar en Alemania, por ejemplo, donde no se puede homenajear a Hitler”, afirmó a la AFP el profesor de Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez, Manuel Délano.

“Legalmente en Chile se puede celebrar estos actos, pero moralmente no se debería”, agregó Délano.

“Cuando una sociedad no ha cerrado aún sus heridas por la violación de derechos humanos, donde aún quedan personas buscando a sus familiares desaparecidos, significa escarbar sobre el dolor de las víctimas”, aseguró el académico.

El debate se da a más de 20 años de recuperada la democracia en Chile, en la mitad del primer gobierno de derecha desde el fin del régimen militar, encabezado por el empresario Sebastián Piñera, cuya administración señaló que no es partidario de este tipo de actos pero que lo “respeta”.

El Gobierno “no favorece ni colabora ni participa ni es partidario de este tipo de homenajes”, pero “obviamente los respeta, porque corresponde de acuerdo a la ley”, señaló el portavoz oficial Andrés Chadwick.

Pero no todos los detractores de la figura del dictador ven necesario prohibir el acto.

El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a radio ADN que “ese sector de chilenos que se inspira en dictadores, en la brutalidad y hasta en la corrupción, tienen el derecho a rendir este tipo de homenajes, y el Estado tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho”.

De la misma forma, para el sociólogo Eugenio Tironi, prohibir el homenaje “sería una contradicción para el movimiento civil que luchó por las libertades y los derechos humanos, y que ahora no quieren que se expresen los seguidores de Pinochet”.

“Las sociedades están obligadas a gestionarse sus demonios, y no a encerrarlos en un armario”, dijo a la AFP Tironi, quien fue director de contenidos de la campaña de la oposición en el plebiscito que llevó a Chile a la democracia en 1990.

Pinochet murió en 2006 perseguido por la justicia, que sin embargo no logró condenarlo por los más de 3,000 muertos que dejó su dictadura. Durante su régimen 37,000 personas fueron encarceladas y torturadas, según el último informe oficial develado en agosto de 2011.