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  • AFP

El Estado guatemalteco pidió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se declare incompetente para juzgar las masacres cometidas por el ejército de ese país entre la población indígena de Río Negro, entre 1980 y 1982.

El planteamiento lo formuló el agente del Estado y secretario de Paz guatemalteco, Antonio Arenales, en una audiencia de dos días (la última del proceso) celebrada por la Corte en su sede en San José, para conocer sobre la masacre de al menos 444 personas en esa población del norte de Guatemala.

Arenales dijo que el tribunal debe declararse incompetente porque "los hechos ocurrieron entre 1980 y 1982", momento en que Guatemala no había reconocido a esa Corte internacional.

Las víctimas eran miembros de la etnia Maya Achí que habita esa región guatemalteca, a la que el ejército consideraba base social de la guerrilla en el contexto del conflicto bélico que vivió Guatemala durante treinta y seis años (1960-1996).

Arenales dijo que, por otra parte, la Corte Interamericana no puede juzgar delitos de genocidio y desaparición forzada de personas, pues eso corresponde a una corte penal y no a una de derechos humanos.

"Además, es cuestionable que la Corte se convierta en un organismo de reparaciones que exceden las posibilidades económicas de los Estados", afirmó.

Los familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres demandan que el Estado se comprometa a juzgar y castigar a los autores intelectuales de los crímenes, entre otras reparaciones de carácter moral y pecuniario.

Por su lado, el abogado de los indígenas, Edgar Pérez, dijo que este día "es muy improtante para las víctimas y sus familiares porque concluye un largo proceso" que ha durado varios años.

"Esperamos que la Corte siente un precedente muy importante para Guatemala y el resto de Latinoamérica para que hechos como estos no se repitan", expresó el litigante.

Los siete jueces integrantes de la Corte no tienen un plazo definido para dictar sentencia, pero normalmente tardan unos seis meses tras la última audiencia en que las partes presentan sus conclusiones.