AFP
  •   La Paz, Bolivia  |
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Fuertes choques en dos regiones de Bolivia entre detractores y simpatizantes del presidente Evo Morales, incluso con tintes de racismo, agravaron la severa radicalización política tras la decisión del gobierno de convocar a un referendo para aprobar una Constitución que la oposición rechaza.

En Santa Cruz -la región más rica de Bolivia y donde el presidente enfrenta la mayor resistencia- se registró el viernes el primer brote de violencia política cuando grupos radicales afines al poderoso comité cívico-empresarial y de adeptos al gobernante izquierdista se enfrentaron con un saldo de varios contusos, según imágenes de redes privadas de televisión.

Las agresiones con piedras y palos se produjeron cerca de la Plaza de Armas adonde jóvenes opositores batallaron para evitar que llegaran partidarios de Morales que querían festejar la convocatoria el jueves al referendo constitucional.

"No queremos a esta raza maldita en nuestra tierra, vuelvan a su tierra", gritaban los jóvenes opositores, según reseña el diario La Prensa, en una señal de que la confrontación está marcada por fuertes tintes de racismo.

Poco antes, el vehículo de Carlos Dabdoub, uno de los principales dirigentes cruceños, fue apedreado por los simpatizantes del presidente.

Otro episodio de violencia se presentó en la localidad de Villamontes, en el sureste de Bolivia y cerca a la frontera con Argentina, donde chocaron oficialistas y opositores. Allí las rutas están cortadas desde el lunes por un reclamo de las regiones al gobierno para que éste les regrese los fondos de un impuesto del gas que les quitó el año pasado.

El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, advirtió este sábado con "usar la fuerza pública y la justicia" en las regiones rebeldes.

"Es un proceso de radicalización facistoide y delictiva; hay que evaluar si no estamos pasando a un nivel superior que obligue a usar la fuerza pública y la justicia, a obrar de manera más contundente frente a lo que sería ya la gestación de un grupo terrorista", dijo en conferencia de prensa.

García Linera calificó de "terrible" la golpiza a "humildes ciudadanos, a jovenes y señoras" en un hecho que, dijo, "avergüenza al país, a la región".

Dirigentes opositores acusaron a Morales de "llamar a la guerra civil", con la convocatoria al referendo constitucional para el 7 de diciembre.

En esa fecha también se realizará otro referendo para definir la máxima extensión legal de las propiedades rurales (entre 5.000 y 10.000 hectáreas), una medida que afectará principalmente a los ricos hacendados del oriente boliviano.

"La acción del Gobierno es un golpe a la democracia, un llamado a la guerra civil y está casi decretando la división de Bolivia", sentenció el ex presidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y líder de Podemos, la principal fuerza de la oposición en el Congreso boliviano.

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, cabeza visible de la oposición, coincidió en que con esa determinación "el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS - partido oficialista) ha sepultado por decreto la democracia boliviana, demostrando su talante autoritario, buscando la eternización en el poder".

Costas opinó que el mandatario "sepultó toda posibilidad de reconciliación entre bolivianos" e ignoró a la Iglesia y a la OEA, instituciones a las que los opositores habían pedido mediar en el conflicto.

Mientras el clima político se tensa aún más con anuncios de las cinco regiones opositoras de que tomarán una "fuerte decisión", el presidente boliviano viajó a Libia e Irán para cumplir visitas oficiales a estos dos países con los cuales estableció relaciones diplomáticas.

Sobre este viaje, el diputado opositor Pablo Klinsky señaló que "a esto nos está llevando el dictador Evo Morales. Acá empieza. Morales aprobó el decreto y luego se fue como un cobarde".