•   Asunción, Paraguay  |
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  • ACAN-EFE

El juicio político contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, comenzó hoy hacia las 18.15 hora local (22.15 GMT) con la presentación de la acusación a cargo de cinco diputados que ejercieron como "fiscales".

Ante el pleno del Senado constituido en tribunal, el primero en exponer las razones por las que Lugo debe ser destituido por "mal desempeño" en sus funciones fue José López Chávez, del opositor partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), quien presentó uno de los cinco argumentos en los que dividieron la presentación.

El enjuiciamiento al presidente fue decidido hoy por la Cámara de Diputados, que responsabilizó a Lugo por la muerte de seis policías y once campesinos durante un desalojo de "sin tierras" el pasado día 15 en una hacienda de Curuguaty (nordeste).

Ese hecho, así como un acto político celebrado por grupos de izquierdas en una dependencia militar, el conflicto entre "sin tierras" y grandes productores agrícolas en la región de Ñacunday, la ola de inseguridad en el país, y la aprobación del Protocolo de Ushuaia II aprobado por el Mercosur, fueron las razones esgrimidas contra Lugo.

Los "fiscales" consideran que el gobernante incurrió en mal desempeño en sus funciones al permitir la realización de un mitin político de los grupos de izquierda que integran la coalición gubernamental del 6 al 10 de mayo de 2009 en la sede del Comando de Ingenierías de las Fuerzas Armadas.

Ese fue un "acto de naturaleza netamente política" que fue avalado por el Gobierno, aseveró López Chávez.

"El presidente ha humillado a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas públicas, la Policía nacional", acusó el legislador, quien mantuvo que "ni en la más oscura época de la dictadura se han hecho actos políticos en los cuarteles".

El diputado liberal Jorge Ávalos tuvo a su cargo presentar la acusación contra Lugo sobre el conflicto que involucra a los "sin tierras", que exigen al Estado la entrega de una hacienda, propiedad del brasileño Tranquilo Favero -el mayor productor de soja individual del país- en Ñacunday, en la frontera con Brasil.

"El único instigador de invasiones de tierras en la zona de Ñacunday es Fernando Lugo", que muestra una "conducta cómplice", según Ávalos.

"Mientras esas invasiones se realizaban el presidente se mostraba con puertas abiertas a los líderes de las invasiones", remarcó.

Carlos Liseras, del Partido Colorado, tuvo a su cargo la acusación sobre la ola de inseguridad por la que atraviesa el país y y reflotó los rumores de presunta vinculación del jefe de Estado con grupos que promueven la existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que Fiscalía atribuye secuestros y asesinatos de policías.

El también "colorado" Clemente Barrios acusó al presidente de haber apoyado el Protocolo Ushuaia II del Mercosur, instaurado el 20 de diciembre de 2010 en Montevideo, sin consentimiento del Congreso.

"El protocolo Ushuaia II atenta contra la democracia y ampara a algunos gobernantes que en la actualidad ejercen el poder violentando los pilares de una democracia", denunció.

Finalmente, el diputado Óscar Tuma, también del Unace, tuvo a su cargo presentar los alegatos sobre la matanza en Curuguaty y advirtió que la misma fue una emboscada contra las fuerzas de seguridad.

Lugo "ha fortalecido a los grupos criminales que amenazan a los ciudadanos y que llegan a lo más bajo, atentar contra la vida de otros", condenó el parlamentario.

Los cinco "fiscales" se tomaron apenas media hora en total para presentar su acusación, aunque el reglamento aprobado por el Senado les había concedido hora y media.

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