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  • AFP y elnuevodiario.com.ni

Los policías amotinados en Bolivia, que han cercado la plaza de la Presidencia para exigir mejores salarios, y la marcha de indígenas que defienden el Parque Tipnis y entrará este miércoles a La Paz, han acorralado al presidente Evo Morales, que insiste en que es víctima de un complot golpista.

Policías negociaban anoche con el Gobierno un acuerdo para el cese de la huelga extendida a toda Bolivia, en tanto indígenas que marchan desde hace dos meses contra la construcción de una carretera retrasaron su ingreso a La Paz, para evitar que se los vincule con un supuesto complot contra el presidente Evo Morales.

Mientras transcurren las negociaciones, cientos de uniformados alzados volvieron a manifestarse este martes en las afueras del Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, donde el mandatario despachó en la mañana, según una fuente del Palacio Quemado consultada por la AFP.

Paralelamente, grupos sociales afines a Morales, entre ellos muchos empleados de la administración pública, se reunieron en una plaza de las afueras de La Paz para un acto de apoyo al presidente.

Preocupado por la huelga policial en Bolivia y por su posible politización, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, pidió en Washington a las partes negociar para hallar una solución al conflicto.

“La huelga del cuerpo armado encargado de custodiar el orden público ya genera de por sí una sensación de incertidumbre”, declaró Insulza, según un comunicado de la OEA.

“Pero cuando una legítima reivindicación gremial parece confundirse con objetivos políticos de desestabilización, eso debe preocuparnos mucho más”, añadió.

Solidaridad con policías

En La Paz, llegaron a la Plaza de Armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo y generalmente vedada a los manifestantes, grupos de maestros de la educación pública --dirigidos por trotskistas-- para solidarizarse con los uniformados que, paradójicamente, normalmente son sus represores.

En medio de ese clima de crispación, una delegación policial reanudó sin embargo este martes negociaciones con tres ministros de Estado para levantar el motín de policías rasos que en seis días se extendió a los nueve departamentos de Bolivia.

La base del diálogo gira en torno al pedido de un salario básico de 2,000 bolivianos (unos 287 dólares al cambio), abrogación de un régimen disciplinario de la Policía, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría policial, y garantías de que los agentes amotinados no sufrirán represalias.

La denuncia de Evo

Firme en su tesis de que se intenta fraguar un Golpe de Estado, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró a la estatal radio Patria Nueva que “éste no es un movimiento cualquiera: tiene el poder de las armas, de los gases lacrimógenos y todas las herramientas” que ahora ha volcado “contra el Estado Plurinacional”.

En la misma dirección, los gobernadores de ocho departamentos del país, excepto Santa Cruz, rechazaron el martes, convocados por el Gobierno, los supuestos intentos conspirativos contra el presidente Morales.

“Repudiamos y condenamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y sediciosos que están generando hechos de violencia y cuyos actos están orientados a desestabilizar el proceso democrático promoviendo un Golpe de Estado”, manifestó el gobernador de La Paz, César Cocarico.