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El informe del congreso estadounidense sobre la forma cómo la filial mexicana del banco británico HSBC transfirió más de 7,000 millones de dólares, que en parte podrían corresponder al narcotráfico, expone la debilidad de México para frenar el flujo de dinero ilícito.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, Guillermo Babatz, admitió ayer miércoles a la prensa que las revelaciones muestran “diversas fallas, vulnerabilidades del sistema financiero”, aunque defendió las medidas adoptadas para fortalecerlo y subrayó que fueron las investigaciones hechas en su país las que permitieron desnudarlas.

Babatz resaltó que entre 2002 y 2009 se advirtió al HSBC de la debilidad de sus controles para prevenir el lavado de dinero y se impusieron sanciones, aunque solo de carácter administrativo.

Desde 2010, el Banco Central restringió a menos de 7,000 dólares el monto máximo mensual de las transacciones en efectivo que pueden realizarse en efectivo en esa moneda ante bancos y casas de cambio.

El Congreso tramita otra iniciativa para frenar el blanqueo mediante compras de joyas, casinos, bienes inmuebles y autos.

“Estábamos muy conscientes que las operaciones con dólares en efectivo generaban un problema al sistema”, señaló Babatz.

Según un informe del Legislativo, la filial mexicana de HSBC envió entre 2007 y 2008 a su correspondiente estadounidense unos 7,000 millones de dólares “despertando sospechas de que el volumen de dólares incluya el procedente de venta de drogas ilegales en Estados Unidos” entrado ilegalmente a México y reexportado para ser invertido en Estados Unidos.

El informe estadounidense halló por ejemplo que el HSBC México opera 50,000 cuentas y fondos por 2,100 millones de dólares en Islas Caimán, donde no tiene oficinas ni empleados.

Para el experto argentino en crimen organizado, Edgardo Buscaglia, que trabaja en México y que es investigador invitado de la universidad de Columbia en Estados Unidos, las denuncias muestran que México se ha transformado en un “bazar” para el flujo de dinero ilícito.

Buscaglia señaló al diario El Universal que una muestra de ello es que “37 de las 40 recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, son violados sistemáticamente en la práctica por el sector privado o público en México”.

El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 y que establece las medidas a adoptar por los países para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, conformado por más de 36 países, entre ellos México, y sus recomendaciones son seguidas por unos 180 gobiernos.

 

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