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  • AFP

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, abrió ayer martes un diálogo con líderes políticos para resolver el conflicto de poderes entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, que despertó la preocupación de Estados Unidos y organismos internacionales.

“Se trata de lograr algo así como un ámbito favorable a la construcción de consensos que permita alcanzar acuerdos superadores del conflicto de poderes que vivimos desde hace varias semanas” por la designación de magistrados, dijo Funes al instalar la reunión en la Casa Presidencial.

El mandatario pidió a los participantes del diálogo, entre ellos los máximos dirigentes de la izquierda gobernante y de la derecha opositora, no defraudar “las expectativas del pueblo”, que espera “una solución a la crisis”.

“Este no es un conflicto de naturaleza jurídica” sino que “tiene un origen político”, sostuvo Funes, quien sin embargo estimó necesario encontrar una salida que, basada en acuerdos políticos, “sea jurídicamente viable y apegada a la Constitución”.

El mandatario explicó que esta será la primera de varias rondas de diálogo que sostendrá con los partidos políticos, sin precisar cuánto tiempo llevará el proceso.

La crisis

La crisis estalló el seis de junio, cuando la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial salvadoreña declaró ilegales las elecciones de diez de los 15 magistrados de la Corte Suprema, al haber sido realizadas en distintos momentos bajo una misma legislatura.

Según la Sala, la Constitución faculta al Congreso a designar magistrados solo una vez bajo la misma legislatura, por lo que ordenó que la elección se repitiera en el período legislativo que inició el pasado primero de mayo.

En esta nueva legislatura, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) es determinante en la mayoría que se necesita para la elección de magistrados, por lo que el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaría obligado a negociar.

Los diputados desoyeron el fallo constitucional. Los diez magistrados asumieron cargos y sesionan por separado de los otros cinco -cuyos mandatos no han concluido-. Ambos grupos tienen su propio presidente de Corte, lo que ha creado confusión e incertidumbre en el funcionamiento del sistema de justicia.

El conflicto genera cierta preocupación en la población. Un 83,5% de los salvadoreños considera que afecta la democracia del país, según una encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública, CIOPS, de la privada Universidad Tecnológica, publicada este martes.

Y el eco de la crisis trascendió fronteras. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió el lunes con el canciller salvadoreño Hugo Martínez, de visita en Washington, para despejar temores expresados por el gobierno estadounidense ante la situación.

“El diálogo y la conciliación son la manera más propicia, efectiva y duradera de resolver una cuestión como esta”, expresó Insulza en un comunicado.