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  • AFP

La compra de votos en el Congreso bajo el gobierno de Lula --2003-2010-- representa el “más atrevido y escandaloso caso de corrupción” descubierto en Brasil, y su principal responsable fue el exjefe de gabinete, José Dirceu, dijo ayer viernes el fiscal ante el máximo tribunal.

En el segundo día del “juicio del siglo”, como lo llama la prensa, el Fiscal General de Brasil, Roberto Gurgel, acusó a los 38 implicados --incluidos tres exministros y exdirigentes de la formación en el poder, el Partido de los Trabajadores, PT--, de aliarse para armar un sofisticado esquema de corrupción política.

“Fue sin duda el más atrevido y escandaloso caso de corrupción, y de desvío de dinero público descubierto en Brasil”, sostuvo Gurgel ante los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal.

La Fiscalía acumuló suficientes pruebas que demuestran la existencia de una “una sofisticada organización delictiva, un sistema de enorme movimiento financiero al margen de la legalidad”, que tenía como objetivo “comprar los votos de los parlamentarios”, indicó.

Operaciones desde el 2002

La red fue denunciada en 2005 por uno de los acusados, el exdiputado Roberto Jefferson, pero sus operaciones se remontan al 2002, durante la campaña que llevó a Luiz Inacio Lula da Silva al poder por primera vez, según la acusación.

Lula, quien pese al escándalo logró su reelección por un segundo período que concluyó el 1 de enero de 2011, fue excluido de la causa penal.

Según el fiscal, el esquema de corrupción fue diseñado por Dirceu, exministro de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos de Lula en la época, y tenía un “núcleo político, un núcleo financiero y un núcleo operativo”.

“Puedo decir sin riesgo de cometer la mínima injusticia, que José Dirceu fue la principal figura (...), el mentor de la acción y su gran protagonista. Fue José Dirceu el que idealizó este sistema ilícito de la formación de la base parlamentaria de apoyo al gobierno”, afirmó Gurgel.

El esquema funcionaba a través de un empresario, Marcos Valerio de Souza, que obtuvo contratos con el Estado y contrajo préstamos con bancos privados y públicos, desviando parte de los recursos para pagar cuentas de campaña del PT y comprar apoyos en el Congreso, de acuerdo con la acusación.