•   Washington/EFE  |
  •  |
  •  |

La corte federal del Distrito de Columbia (EU) tramita la demanda de la petrolera Chevron para el cobro de 96 millones de dólares a Ecuador ordenado por el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, según indicó hoy la empresa estadounidense en un comunicado.

De este modo, la corte insta a iniciar el proceso de comisión rogatoria bajo la Convención Interamericana por el que la solicitud debe ser enviada al Departamento de Justicia de EU para que, posteriormente, sea presentada ante Ecuador.

Esta tramitación es un paso más en el prolongado litigio entre Chevron y el Estado ecuatoriano, quienes se acusan mutuamente de haber violado las condiciones del contrato por el que la petrolera realizaba actividades petrolíferas en el país andino.

"La República del Ecuador continúa ignorando el tratado internacional de inversiones al rechazar el pago de un laudo arbitral de 96 millones de dólares", dijo en un comunicado James Craig, asesor de comunicaciones para América Latina de Chevron.

"Al interponer esta acción de reconocimiento, Chevron busca que la República del Ecuador rinda cuentas por sus obligaciones bajo el derecho internacional", añadió Craig.

La noticia se produce después de la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que ordenaba al Gobierno de Ecuador pagar 96 millones de dólares a la petrolera por daños y perjuicios fuese apelada el 31 de agosto de 2011 por las autoridades ecuatorianas.

El procurador general de Ecuador, Diego García, solicitó entonces la nulidad de dicho pago bajo el argumento de que Chevron se acogió al tratado bilateral de inversiones entre EU y Ecuador, que entró en vigencia en 1997, aunque la compañía dejó el país en 1993.

Los hechos del caso se remontan al período entre 1964 y 1990, en el que Texaco, que posteriormente fue adquirido por Chevron, operó campos petroleros en asociación con el Estado ecuatoriano.

Entre 1991 y 1993 Texaco presentó siete demandas contra Ecuador por supuestas violaciones del contrato conjunto, en las que acusaba al Gobierno principalmente de apropiarse de un volumen de la producción de los yacimientos superior al pactado.

La Justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia al respecto, por lo que en 2006 Chevron se acogió al tratado de protección de inversiones y presentó la demanda ante La Haya.