•   San José / ACAN-EFE  |
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Un grupo de ciudadanos presentó hoy una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la presidenta del país, Laura Chinchilla, y su ministro de Transportes, Luis Llach, por ampliar el contrato a la empresa de capital español Riteve.

Los ciudadanos acusan a la mandataria, que goza de inmunidad, de prevaricato (firma de resoluciones ilegales), incumplimiento de deberes y favorecimiento por ampliar, en junio pasado, diez años más el contrato a Riteve, que brinda el servicio de revisión técnica de vehículos, obligatoria para obtener el permiso de circulación.

Según argumenta la demanda presentada por el llamado "Movimiento por la Dignidad Nacional", es ilegal que Riteve, que opera en el país desde hace diez años, trabaje como "monopolio" al brindar el servicio de manera exclusiva.

"El artículo 19 de la Ley de Tránsito obliga a las autoridades del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) a promover el mayor número posible de prestadores del servicio de revisión técnica vehicular", indica un comunicado de los denunciantes y el diputado del opositor Partido Acción Ciudadana Claudio Monge, quien apoya la gestión.

El comunicado agrega que "los funcionarios acusados no publicaron el respectivo cartel de licitación del servicio con el fin de favorecer los intereses de Riteve, en detrimento de los talleres nacionales".

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