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  • AFP

La persistencia en México de los altos niveles de homicidios relacionados con el crimen organizado supone un fracaso de la estrategia asumida hace seis años por el presidente saliente, Felipe Calderón, contra los cárteles de las drogas y constituye un desafío para su sucesor.

El mandatario mexicano decidió nada más llegar al poder, en diciembre de 2006, lanzar una ofensiva militar contra los narcotraficantes, con el apoyo de más de 50,000 efectivos del Ejército y la Armada.

El último balance de muertes relacionadas con la violencia originada por el crimen organizado que proporcionó el gobierno desde la asunción de Calderón llega hasta septiembre de 2011 y sitúa la cifra de homicidios en 47,515.

 

7 mil asesinados en la primera mitad de 2012

Según un estudio publicado esta semana por la consultora privada Lantia Consultores, dirigida por el experto en seguridad Eduardo Guerrero, en el primer semestre de 2012 se han registrado en México más de 7,022 asesinatos, un 10% más que en el segundo semestre del año pasado.

Si continúa esta tendencia de más de 1,100 muertos al mes hasta diciembre, cuando se produzca el cambio de presidente, Calderón terminará su mandato con un saldo de más de 60,000 muertos.

“Una muestra clara de fracaso”

Erubiel Tirado, experto en seguridad de la Universidad Iberoamericana, aseguró que "para cualquier gobierno hablar de 60,000 víctimas mortales en un país donde no se reconoce formalmente un conflicto interno es muestra clara del fracaso".

En opinión de este estudioso, al poner en marcha su estrategia militar en momentos en que la izquierda rechazaba su elección en las calles, "había una intención de legitimar su figura presidencial".

"Tampoco tenía muchas opciones, con las instituciones de seguridad colapsadas, aunque la forma de recurrir a las Fuerzas Armadas y el uso de éstas es lo que cuestionamos todavía", agregó.

Varias ONG, incluida Amnistía Internacional, han denunciado el hecho de que la intervención militar ha estado acompañada de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos por parte de un ejército mexicano poco preparado para labores de seguridad interna.

El gobernante mexicano se congratuló recientemente que desde su asunción al poder, "han sido capturados o abatidos en su captura 22 de los 37 líderes criminales más peligrosos que operaban en México".

Un efecto perverso: la dispersión de la violencia

De acuerdo con un estudio de Eduardo Guerrero publicado en la revista Nexos el mes pasado, este aspecto de la estrategia gubernamental dirigido contra los capos de las organizaciones criminales ha tenido el perverso efecto de dispersar geográficamente la violencia.

Ésta, que anteriormente se concentraba principalmente en seis de los 32 estados del país, se ha extendido progresivamente desde 2009 por todo México para afectar a los grandes estados y las ciudades más importantes del país como Guadalajara, Monterrey y Veracruz, que hasta hace solo dos años permanecían en relativa calma.
Guerrero consideró que "perseverar en dicha estrategia sin tomar medidas encaminadas a contener el aumento de la violencia fue irresponsable".

"La guerra contra las drogas se convertido en un catalizador de la violencia en el país (...) por una falta de diagnóstico, por una falta de un ejercicio prudente en el uso de la fuerza pública", criticó Juan Francisco Torres, de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia.

"Si esta 'guerra' no se cambia a una guerra de temas financieros, de inteligencia operativa, de destruirles (a los narcotraficantes) el flujo de economía, no hay forma de ganarla", defendió Torres durante el anuncio este viernes de una caravana de ONG por Estados Unidos para pedir el fin de la actual estrategia.