•   Montevideo, Uruguay  |
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  • EFE

El presidente uruguayo José Mujica explicó ayer que su proyecto de ley para legalizar y dejar en manos del Estado el cultivo y la venta de marihuana, “no es para propiciar el consumo”, sino “para limitarlo a los que ya están afectados y que no queden en manos del narcotráfico”.

En unas breves declaraciones a la prensa, el mandatario se refirió a la iniciativa que el miércoles por la noche entró al Parlamento, y que busca crear una norma para que el Estado asuma “el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados”.

Además, se busca que el Estado ejerza “toda la actividad material que resulte necesaria, previa concomitante o posterior” para esas actividades, que deberán realizarse “en el marco de una política de reducción de daños”, que “alerte a la población acerca de las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de marihuana”.

En sus primeras declaraciones públicas desde que se conoció la iniciativa, Mujica justificó que el Estado se haga cargo de la producción y venta, porque el problema de legalizar el autocultivo es “cómo controlamos que eso no desemboque en contrabando hacia afuera”.

“Necesito cosas con control estricto, porque tengo que tomar una medida que significa que dosifico al consumidor hoy para que no caiga en manos de un tráfico infame, pero no lo estoy incentivando”, apuntó el mandatario.

Crearán clubes de fumadores

Consultado por la prensa, Mujica consideró la posibilidad de crear clubes de fumadores habilitados para plantar su propio cannabis, pero “con control”.

“No es lo que la gente cree de que yo voy y planto lo que quiero, no es así. Eso sería irresponsable. Y esto no es para propiciar la expansión de un consumo, es limitarlo para los que están afectados y no queden en manos del narcotráfico”, añadió.

El proyecto de ley se encuentra ahora en el Parlamento, en donde el oficialista Frente Amplio cuenta con mayoría absoluta en ambas cámaras, y será debatido a lo largo de los próximos meses.

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende “arrebatar” al narcotráfico un negocio de entre US$30 y US$40 millones anuales, según sus propias cuentas, y abrir el debate sobre las políticas de la prohibición, que a su juicio no han dado resultados.

Antes de la presentación del plan, Mujica anunció que su idea era suscitar un debate público sobre la medida, y supeditó su aprobación a contar con un apoyo mayoritario de la ciudadanía.

En la exposición de motivos con la que el Ejecutivo uruguayo acompañó el proyecto de ley, se presentaron entre otros argumentos a favor de la medida, los del conglomerado de organismos que forman la Comisión Global de Política de Drogas.