•   Managua, Nicaragua / EFE  |
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La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) celebró este sábado en Managua una audiencia pública para escuchar los alegatos del juicio que el Congreso salvadoreño promueve contra la Corte Suprema de Justicia de su país, en relación con el nombramiento de varios magistrados.

El secretario de la CCJ, Orlando Guerrero, dijo a la AFP que el magistrado salvadoreño Ovidio Bonilla se presentó como parte demandada y actuó como "presidente de la Corte Suprema", pese a que la institución no le reconoce su nombramiento.

"Reconozco la competencia de la Corte" Centroamericana para dirimir el conflicto que ha paralizado al Poder Judicial salvadoreño, afirmó Bonilla.

Algunos sectores de El Salvador "nos califican de usurpadores" tras el nombramiento de los magistrados, manifestó Bonilla, pero "si la sentencia (de la CCJ) es adversa a los intereses de la Asamblea Legislativa, dejaríamos de desempeñar nuestros cargos", prometió.

La crisis estalló el 6 de junio, cuando la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial salvadoreña declaró ilegales las elecciones de diez de los 15 magistrados de la Corte Suprema realizadas en distintos momentos bajo la misma legislatura.

Según la Sala, la Constitución faculta al Congreso a designar magistrados sólo una vez bajo la misma legislatura y ordenó repetir la elección.

Antes de Bonilla, el abogado Mauricio Clará, representante del Legislativo salvadoreño, calificó de "interpretación subjetiva" del Poder Judicial la Constitución sobre el caso.

Clará pidió a los jueces agilizar la sentencia "para contribuir a pacificar a la patria".

La CCJ dispondrá de 20 días para dictar el fallo, a partir del miércoles próximo, cuando vence el plazo para que las partes presenten sus alegatos finales, según Guerrero.

Pese a que los fallos de la CCJ son inapelables, tampoco son vinculantes. Los partidos políticos con representación en el Congreso de El Salvador, bajo la mediación del presidente Mauricio Funes, acordaron el 1 de agosto ratificar a cinco de los magistrados cuyo nombramiento (en el 2006) fue declarado ilegal en junio pasado y volver a elegir a otros cinco magistrados para el período 2012-2021 para resolver así la crisis.