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 Un aumento en los bloqueos carreteros con cierre de fronteras a Argentina, Brasil y Paraguay y el desabastecimiento de combustibles y gas doméstico amenazaban el martes agravar las protestas opositoras contra el presidente Evo Morales.

Las regiones de Santa Cruz, Beni y Pando, en el oriente, y Tarija, en el sur, estaban aisladas del resto del país mientras grupos opositores continuaban la toma de oficinas públicas para presionar al gobierno.

En algunas localidades los cortes carreteros se prolongan por 15 días. En la sureña Tarija, donde están las mayores reservas del gas, estaban cerrados los comercios y varias oficinas públicas y privadas.

En tanto, en la oriental Santa Cruz, grupos antigubernamentales ocupaban el martes la oficina recaudadora de impuestos mientras y la policía militar intentaba poner fin a la ocupación.

La falta de un diálogo y la escasez de combustibles en varias ciudades por causa del corte de rutas aumentaba la tensión.

''No podemos sentarnos a dialogar si no vemos una actitud sincera del gobierno que debe manifestarse en la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos'', dijo el Secretario de Relaciones Internacionales de la Prefectura (gobernación) de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, en declaraciones a la emisora Fides.

El líder cívico Branco Marincovik agregó que la única salida al conflicto es que el gobierno renuncie a su intención de aprobar su proyecto constitucional en referendo.

A su vez el ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, acusó a los opositores de negarse a dialogar porque en su criterio ''están buscando una confrontación violenta porque creen que van a ganar''. El gobierno se ha resistido a utilizar la fuerza pública para evitar posibles bajas.

La policía y los militares limitan su tarea al resguardo de instituciones públicas y las instalaciones petroleras ante la amenaza de los opositores de cerrar válvulas de exportación de gas a Brasil y Argentina.

Morales reiteró el lunes su llamado a diálogo a los prefectos rebeldes pero descartó devolver los fondos que tomó de los presupuestos regionales para financiar un bono vitalicio para los ancianos y derivó el debate del referendo constitucional al Congreso.

En dos semanas de conflictos en esas regiones los manifestantes tomaron la oficina recaudadora de impuestos, el Instituto de Reforma Agraria, Migraciones, la Aduana y la administradora de carreteras, medidas que fueron calificadas por Morales como un ''golpe civil''.

Una ruta en el sur por donde circula el grueso del comercio con Argentina estaba cortada en varios puntos con troncos y promontorios de tierra al igual que otra en Santa Cruz de exportación de soya.

Sin embargo, autoridades brasileñas informaron en Brasilia que el flujo de personas y carga entre los dos países ha funcionado normalmente en la mayoría de los puestos limítrofes.

El inspector Adenilson de Souza, de la policía rodoviaria, aseguró a AP que el paso fronterizo en Corumbá, principal ruta comercial entre Brasil y Bolivia, ha mantenido un flujo normal.

Donde sí se reportaron problemas fue en el paso por el puente que comunica la ciudad brasileña de Brasileia y la boliviana Cobija en el noreste, donde manifestantes opositores impidieron el paso el fin de semana.

Los opositores utilizan el bloqueo carretero, el método de protesta más común en Bolivia y que dio fama a Morales en sus tiempos de líder cocalero.

La oposición también amenazó con expulsar a cooperantes de Cuba y Venezuela de Santa Cruz y Beni a los que acusan de promocionar la constitución de Morales.

La crisis del país, que ya se prolonga diez meses, gira en torno a la reforma constitucional impulsada por Morales y que promueve la reelección presidencial y la demanda de autonomía que tiene amplio respaldo en aquellas regiones. Ambas plantean visiones contrapuestas sobre el país.