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  • AFP

Hasta diez millones de hispanos podrían quedarse fuera de las urnas en las presidenciales estadounidenses, a causa de las leyes para controlar la identidad de los votantes aprobadas en 23 estados, según un estudio publicado ayer.

El informe, divulgado por la organización Advancement Project, que defiende el derecho a voto de minorías, calcula esa cifra a partir de los votantes que podrían registrarse o están registrados en esos estados.

En varios de ellos puede decidirse la elección del 6 de noviembre, como Florida y Virginia, donde el margen entre el presidente candidato demócrata, Barack Obama, y su rival republicano, Mitt Romney, es escaso.

“En Florida, por ejemplo, los hispanos con derecho a voto representan hasta nueve veces el margen de victoria” que se registró en los comicios de 2008, que dieron la victoria a Obama, explica el texto.

En Colorado, los hispanos que podrían votar representan el doble del margen de victoria.

Verifican listas

Dieciséis estados de esa lista de 23 ya han iniciado o han aprobado la verificación de sus listas de votantes registrados, advirtió la organización.

Nueve estados han aprobado “estrictas leyes” que exigen identificación con un documento estatal que contenga una foto, añade el texto.

Los hispanos con derecho a voto representan el 21% del total nacional, 21 millones. De esos 21 millones de electores, más de seis millones no se habían registrado en 2010, 10 millones no votaron.

En los 16 estados que han iniciado lo que el estudio califica de “purgas” de electores, 5.5 millones son hispanos, y, además, hay 1.1 millones de ciudadanos naturalizados, calcula el texto a partir de cifras del censo.

Advancement Project destaca que en un estudio sobre fraude electoral llevado a cabo desde 2000, solamente se reportó poco más de 2,000 acusaciones de votos erróneos en todo Estados Unidos. Y solamente 56 (2.7%) de esas denuncias correspondían a sospechosos de no tener la ciudadanía.

En los estados con leyes más estrictas, se pide a los que se quieren registrar hasta cuatro pruebas diferentes de ciudadanía, entre ellas una copia del certificado de nacimiento o un número de Seguridad Social, que no poseen todos los trabajadores, explica el texto.