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  • AFP

La incorporación de las FARC al juego político es una condición para la paz que no pasa necesariamente por la cárcel, pero todas las partes deben reconocer el daño causado a las víctimas, afirman analistas, tras la apertura de la negociación entre la guerrilla y el gobierno colombiano.

La participación política es uno de los cinco puntos de la agenda de las negociaciones, junto con el desarrollo agrario, el narcotráfico, el desarme y los derechos de las víctimas.

"Las FARC tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones" para plantear su programa, afirmó el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, durante el acto de lanzamiento de la negociación de paz celebrado el jueves en Noruega (país garante del diálogo junto con Cuba).

Pero según analistas, el salto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la palestra política es la única manera de enterrar el conflicto y no tiene por qué quedar para el final, pues puede hacerse a la par que se negocia.

"Crear un partido político o movimientos sociales o sindicales, y que se integren lo antes posible (...) puede hacerse de forma paralela a la negociación", declaró este viernes a la AFP Eduard Vinyamata, experto en conflictología.

Ese partido estaría integrado por miembros de la guerrilla que no estén acusados de delitos de sangre, añade, y su formación debería ir precedida "por un alto el fuego, aunque fuese unilateral", para contar con credibilidad entre los sectores ciudadanos más reticentes.

Y el gobierno, por su lado, "debe dar garantías de que cualquier partido político puede empezar a funcionar dentro de las instituciones" sin correr peligro.

Guerrilla quiere garantías

 

Las FARC quieren garantías, aunque dan a entender que dejan la cuestión de la participación política para el final.

En un vídeo presentado a la prensa en septiembre, su jefe, Timochenko, fue claro: El gobierno debe proteger los "derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final".

El que no quiere ni oír hablar de participación política del grupo guerrillero es el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), que lo combatió con mano dura. "Me preocupa la elegibilidad política del narcotraficante, del secuestrador, del extorsionista", declaró el jueves.

Los analistas lo ven con otros ojos. La reinserción "es posible y necesaria", insistió el viernes Vicenç Fisas, doctor en estudios sobre paz por la universidad de Bradford, en el Reino Unido.

"Pueden integrarse en la Marcha Patriótica, o hacerlo de otra manera, ellos deciden" pero deben reinsertarse, apunta.

La Marcha Patriótica es un movimiento que dice aglutinar a grupos sociales y estudiantiles y niega estar infiltrado por la guerrilla, como le acusa el ejército colombiano.

Que se reinserten no presupone que vayan a la cárcel, al menos en esta fase, considera. Hay que encontrar otro mecanismo, "aunque esto no guste a las víctimas (...) es el precio que hay que pagar", pero en cambio "tienen que pedirles perdón", señala.

El jueves, De la Calle dijo que las FARC deben responder ante las víctimas, "darles la cara".

"Lo importante es establecer un proceso de reconciliación, resarcir a las víctimas, devolver la dignidad", añade Vinyamata, pero "las dos partes".

La reinserción puede pasar por los tribunales, pero no ahora. "Primero es el proceso de reconciliación y al final, cuando todo esté acabado se puede juzgar a quien corresponda, de momento se necesita una moratoria", apuntó Vinyamata.

Jan Egeland, director para Europa de Human Rights Watch y enviado especial de la ONU para Colombia entre 1999 y 2002, insistió al comienzo de esta semana en que "no puede haber impunidad para los crímenes serios".

"Que las partes se perdonen la una a la otra por los crímenes de guerra" es una de las cuestiones que pueden trabar el proceso de paz, junto con la falta de confianza entre ellas.

Esta falta de confianza puede ser un escollo para la reinserción política.