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  • AFP

Manifestantes egipcios incendiaron este viernes tres sedes del Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), de los Hermanos Musulmanes, en una jornada de manifestaciones a favor y en contra de la decisión del presidente islamista Mohamed Mursi de arrogarse más poderes.

Según la televisión pública, las oficinas del PLJ, el partido de Mursi, fueron incendiadas en las ciudades de Ismailiya y Port Said.

En Alejandría, los manifestantes incendiaron también unos locales del partido de los Hermanos Musulmanes, tras unos enfrentamientos con partidarios de Mursi.

Y en Sharm el Sheij, a orillas del Mar Rojo, cientos de manifestantes se manifestaron a gritos de "No a una revolución combinada al autoritarismo".

Mohamed Mursi, primer presidente civil e islamista del país más poblado del mundo árabe, se arrogó el jueves en una "declaración constitucional" el derecho de tomar decisiones o medidas inapelables para proteger la revolución de 2011.

"Las declaraciones constitucionales, decisiones y leyes emitidas por el presidente son definitivas y no pueden ser apeladas" hasta la adopción de una nueva Constitución, que se espera esté redactada a mitad de febrero, reza la declaración.

Respondiendo a sus detractores, que lo acusan de haber dado un golpe de Estado y de arrogarse más poderes que su denostado predecesor Hosni Mubarak, Mursi afirmó este viernes que está decidido a asumir sus funciones reforzadas.

"Nadie puede detener nuestra marcha hacia adelante (...) Estoy cumpliendo mi función para servir a Dios y a la nación y tomo las decisiones tras consultar con todo el mundo", dijo el presidente, citado por la agencia oficial MENA.

Más tarde, el presidente aseguró ante sus partidarios reunidos en El Cairo que el país está en el camino de "la libertad y la democracia".

"La estabilidad política, la estabilidad social y la estabilidad económica son lo que yo deseo, y los motivos por los que trabajo", declaró Mursi en un largo discurso ante sus partidarios reunidos frente al palacio presidencial.

Mursi acumula ya los poderes ejecutivo y legislativo, ya que el Parlamento, controlado por sus correligionarios, fue disuelto en junio por una decisión judicial.

El presidente mantiene relaciones tensas con gran parte del aparato judicial, y en agosto reforzó su poder cesando como ministro de Defensa al mariscal Husein Tantaui, que pilotó el país tras la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011.

"Infierno político"

La oposición calificó de golpe de Estado la decisión presidencial de arrogarse más poder, y convocó manifestaciones en varios puntos del país.

Tras la oración semanal del viernes, los opositores, en su mayoría liberales y laicos, se reunieron en la plaza Tahrir, epicentro de la revuelta pro democrática de enero-febrero de 2011 que acabó con tres décadas de poder de Mubarak.

A ellos debía sumarse Mohamed ElBaradei, ex director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), y Amr Musa, ex secretario general de la Liga Árabe. El jueves, ElBaradei acusó a Mursi de haberse "proclamado nuevo faraón".

A pocos kilómetros, los partidarios de Mursi celebraron su manifestación de apoyo ante el palacio presidencial. Entre ellos estaban los de los Hermanos Musulmanes.

"El pueblo apoya las decisiones del presidente", corearon.

Para los detractores del jefe del Estado, sus poderes ampliados atentan contra los logros de la revolución que derrocó al autocrático presidente Mubarak.

"Es un golpe de Estado contra la legalidad", dijo el jueves Sameh Ashur, jefe del sindicato de abogados. "Mursi está llevando el país a un infierno político", según él.

Ashur, ElBaradei y Musa acusaron al presidente de "monopolizar los tres poderes", y de querer "neutralizar la independencia del poder judicial". El diario independiente Al Masri al Yum tituló este viernes con la frase "Mursi, dictador temporal".

Mursi pidió también "nuevos veredictos" en los procesos por el asesinato de cientos de manifestantes durante la revuelta anti Mubarak.

La iniciativa es una amenaza para algunos altos responsables del ejército y la policía, y podría traducirse en un nuevo proceso contra Mubarak, condenado a cadena perpetua.

En ese contexto, el presidente cesó al fiscal general, Abdel Meguid Mahmud, nombrado en tiempos de Mubarak, y nombró en su lugar a Talaat Ibrahim Abdallah.

Mursi decidió también que ninguna instancia judicial puede disolver la comisión redactora de la futura Constitución. De esta forma arrebata a la Alta Corte Constitucional el derecho de examinar un recurso contra la composición de dicha comisión constituyente, dominada por los islamistas.

Igualmente, prolongó dos meses el mandato de la comisión, que inicialmente expiraba a mitad de diciembre. Una vez concluida la redacción, la ley fundamental será sometida a referéndum, y se convocarán elecciones legislativas.

Para los partidarios de Mursi, la arrogación prsidencial busca reducir un período de transición a la democracia que consideran demasiado largo y caótico.

"Necesitamos estabilidad, cosa que no tendremos si volvemos a autorizar a los jueces a disolver, por razones personales, la comisión constituyente y prolongar aún más la fase de transición", afirma Murad Ali, portavoz del PLJ.