•   San José, Costa Rica  |
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  • AP

En varias naciones latinoamericanas la publicidad estatal se utiliza para ejercer abusos y formas de censura indirecta sobre los medios de prensa, reveló el miércoles un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y la Open Society Institute de Nueva York.

Eduardo Ulibarri, presidente del costarricense Instituto de Prensa y Libertad, señaló que desde el fin de las dictaduras prevalecen ''mecanismos de censura indirecta más sutiles''.

Aparte de Costa Rica y Argentina, la investigación se desarrolló de enero a agosto en Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Honduras, explicó en rueda de prensa Ulibarri, cuya institución elaboró el estudio a nivel local.

''La investigación encontró que existen formas de manipulación y control indirectos que se realizan desde el sector público estatal a través de la publicidad que pauta, al condicionar esa pauta premiando a los medios afines al gobierno y castigando a los que son críticos'', apuntó Ulibarri.

Aseguró que a nivel general, las naciones que presentaron mayores problemas en este tema fueron Honduras, Colombia y Perú. Mejor se ubican Chile y Uruguay, sobre todo por recientes reformas como la nueva ley de acceso a la información pública.

El estudio resultado de la investigación, titulado ''El precio del silencio'', halló que en algunos de los países persiste el pago a periodistas que cubren fuentes y ante esas mismas gestionan la publicidad, lo que para los expertos, ''perjudica la independencia del comunicador''.

Otros casos son la asignación discriminatoria de los recursos publicitarios y el uso de esos recursos con fines de propaganda para el gobierno de turno o para funcionarios, así como la presión indirecta sobre los periodistas, directores o dueños de medios con llamadas, visitas o críticas sistemáticas.

En Argentina, el gobierno ''abusa sistemáticamente de sus facultades en materia de publicidad'', abusos que son más marcados a nivel local ''donde los medios dependen en mayor medida de la publicidad provincial y municipal'', también en ocasiones se realizan pagos directos a periodistas en concepto de publicidad para facilitar coberturas favorables.

El estudio mencionó otros mecanismos, como el cierre en 2007 de la imprenta que editaba un periódico provincial de Argentina en represalia por sus coberturas críticas al gobierno local.

En el caso colombiano, la práctica de pagos por pautas a comunicadores busca ''debilitar su independencia'', en tanto es común que jefes de prensa de importantes funcionarios llamen a los periodistas para influir sobre lo que se informa y incluso para solicitar que algo no se publique, según el estudio.

En Honduras, el manejo de la publicidad oficial ''se utiliza sistemáticamente para comprar coberturas favorables o silenciar voces críticas'', así como ''los pagos del gobierno a periodistas por dudosos servicios de comunicación son una práctica institucionalizada'', detalló el informe.

En el caso de Costa Rica, Ulibarri apuntó que no encontraron muchas irregularidades pero sí una ''vulnerabilidad a prácticas inconvenientes ante la ausencia de legislación sobre acceso a la información y otra que regule la asignación de la publicidad oficial''.

''En Costa Rica encontramos el caso en 2004 cuando el entonces presidente Abel Pacheco decidió reducir la publicidad en el periódico La Nación por disconformidad con la línea crítica que tenía hacia el gobierno. Para ese diario --es el más grande del país-- no fue un impacto grande, pero para un medio pequeño o regional posiblemente hubiera representado el fin'', agregó Ulibarri.