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  • EFE

Las fundaciones españolas Madrid Paz y Solidaridad y Consejo General de la Abogacía Española, pidieron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala no otorgar amnistía al general golpista José Efraín Ríos Montt, procesado por genocidio y crímenes de guerra.

Por medio de un mensajero de una organización humanitaria local, las fundaciones españolas presentaron ante el máximo tribunal de este país centroamericano un recurso de “Amicus Curiae”, en el que explican a los magistrados guatemaltecos los inconvenientes jurídicos que podría significar una amnistía a favor de Ríos Montt.

“Hemos recibido el recurso, el cual será trasladado al pleno de magistrados, quienes lo conocerán y decidirán al respecto”, dijo a Efe una oficial de la CC encargada de recibir el documento.

En el recurso de “Amicus Curiae”, o “amigos de la Corte”, los abogados españoles advierten que “sería una grave violación de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala y un gran varapalo para las víctimas” amnistiar al militar retirado debido a que los delitos de que se le acusa se consideran “crímenes de lesa humanidad”.

El documento también fue suscrito por la Asociación para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Rights International Spain, y los juristas españoles José Antonio Martín Pallín, exfiscal del Tribunal Supremo, la exmagistrada de la Audiencia Nacional Elisa Veiga Nicole, y el exfiscal jefe Audiencia de Barcelona Carlos Jiménez Villarejo.

Los abogados de Ríos Montt, quien gobernó Guatemala con mano dura entre 1982-1983, durante la peor época del conflicto armado (1960-1996) que dejó unas 250,000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, han interpuesto ante los tribunales una serie de recursos para evitar que sea procesado por genocidio y crímenes de guerra.

El pasado 12 de octubre, un alto tribunal le rechazó al exjefe de Estado de facto una petición de amnistía por considerarla “frívola e innecesaria”.

Acusado por genocidio

Ríos Montt es procesado por la matanza de 201 campesinos perpetrada por el Ejército en la aldea Dos Erres, en el departamento norteño de Petén, en 1982.

Además, el militar retirado enfrenta otro proceso judicial por la matanza de más de 1,700 indígenas durante su régimen, en el departamento noroccidental de Quiché.