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  • AFP

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras rechazó de plano dos recursos de amparo presentados contra una resolución del Congreso que destituyó a cuatro magistrados por haber declarado inconstitucional un proceso de depuración de la Policía, informó este jueves un portavoz del poder judicial.

"La Corte se reunió este miércoles y resolvió, 13 votos contra 2, de los 15 miembros, rechazar de plano los recursos porque conforme a la ley, 13 de ellos votaron en que no tienen competencia para conocer esos recursos de amparo", afirmó a la AFP el vocero de la CSJ, Melvin Duarte.

Los 13 magistrados concluyeron que el Poder Judicial tiene facultad para conocer recursos de amparo contra funcionarios, pero no contra las resoluciones de los congresistas, que asumen sus cargos por elección popular.

El jurista Jorge Maradiaga explicó a la AFP que los magistrados destituidos y la no gubernamental Barra de Abogados Anticorrupción, que interpusieron los dos amparos, debieron haber presentado recursos de inconstitucionalidad, una figura que la Corte sí puede conocer en casos de resoluciones de los diputados.

El pasado 12 de diciembre, con los votos de 97 de los 128 diputados, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, tras haber fallado contra la disposición legislativa de someter a pruebas antidrogas y al detector de mentiras a policías, como parte del proceso de depuración que impulsa el gobierno.

Esa decisión provocó un enfrentamiento entre poderes del Estado; pero la crisis se apaciguó luego de que el presidente de la Corte, Jorge Rivera, cedió a la decisión del Congreso y accedió a nombrar a los sustitutos de los destituidos.

De acuerdo con la ley hondureña, los magistrados separados y la Barra de Abogados pueden presentar un recurso de casación que sería conocido por los mismos 15 magistrados para agotar la vía interna y poder luego llevar el caso a la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Nicaragua, o presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con asiento en Washington.

La depuración policial fue ordenada por el presidente Porfirio Lobo en noviembre de 2011, después de que se comprobara que una gran cantidad de miembros de la institución, integrada por unos 14,500 agentes, estaba infiltrada por el crimen organizado.