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El Congreso aprobó por unanimidad una ley de acceso a las noticias que contempla penas de cárcel y multas a los funcionarios que retengan o destruyan información pública.

''El mayor enemigo de la democracia es la corrupción y con esto contribuimos a combatirla, al hacer pública la información y los actos de los funcionarios'', dijo a la AP el diputado Mario Taracena, de Unidad Nacional de la Esperanza, en el gobierno.

La ley prevé castigos que van desde el despido a un funcionario que niegue la información hasta la cárcel por comercializar datos personales de los ciudadanos o retener informaciones públicas.

La norma entrará en vigencia medio año después de su publicación en el diario del gobierno, prevista para las próximas semanas.

La aprobación ocurrió luego de varias semanas de una intensa campaña en favor de la ley por parte de organizaciones no gubernamentales, efectuándose más de 60 enmiendas a los 70 artículos que conforman la legislación.

''La clase política se había resistido a hacer la gestión pública transparente'', dijo a la AP el director de la ONG Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.

''Lo que hace esta ley es hacer operativas las partes de la constitución que garantizan el derecho a la información'', dijo a el parlamentario Mariano Rayo.

Afectará a casi todas las instituciones del estado, así como a otras entidades gubernamentales y empresas que manejen fondos o información pública.

Además de garantizar el acceso a la información, este nuevo cuerpo legal también delimita con claridad qué puede considerarse información restringida.

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