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  • EFE

El Gobierno español impugnará la declaración que aprobó el Parlamento de Cataluña el pasado enero, y que prevé una consulta popular sobre la autodeterminación de esta región del noreste de España.

El Consejo de Ministros acordó en su reunión de hoy impugnar ante el Tribunal Constitucional dicha declaración, que define a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano", después de recibir un dictámen en ese sentido del Consejo de Estado, un órgano consultivo no vinculante.

La impugnación, de ser admitida a trámite, supondrá la suspensión temporal de la resolución, como destacó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta citó el artículo 161 de la Constitución, según el cual "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas", aunque deberá ratificar o levantar dicha suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

En respuesta a la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de acudir al TC, el presidente regional catalán, Artur Mas, aseguró que supone "cortar la vía del diálogo" entre Cataluña y el ejecutivo central.

El secretario general de la coalición gobernante en Cataluña, Convergencia y Unió (CiU, nacionalistas de centroderecha), Josep Antoni Duran Lleida, calificó, por su parte, la decisión del Gobierno como un "error gravísimo" y un "acto separador que alimenta el separatismo".

La declaración soberanista fue aprobada en el legislativo catalán el pasado 23 de enero con 85 votos a favor, procedentes de CiU -que encabeza el presidente regional, Artur Mas- y los independentistas de ERC, con los que tienen un pacto de Gobierno.

En contra votaron 41 diputados, mayoritariamente los socialistas del PSC y los conservadores del Partido Popular catalán.

Los socialistas de Cataluña, aunque favorables al derecho de los catalanes a decidir si quieren seguir formando parte de España, se desmarcaron de la declaración soberanista por incluir que Cataluña es "sujeto político y jurídico soberano" y defienden una consulta legal y pactada.

La aprobación de la declaración soberanista fue consecuencia de la apuesta lanzada por el presidente Mas, quien en medio de una profunda crisis económica y un elevado déficit que obligó a su Gobierno a realizar sustanciales e impopulares recortes, convocó elecciones anticipadas en noviembre del pasado año.

En esos comicios, la formación CiU encabezada por Mas empeoró sus resultados y terminó formando gobierno con el apoyo de los independentistas de izquierda de ERC, que experimentaron un fuerte avance.

Pero además de crear tensión entre el ejecutivo regional y central -que ha advertido en repetidas ocasiones de la ilegalidad de una consulta de autodeterminación y de que una salida de Cataluña de España supondría también salir de la UE- la deriva soberanista de esta región española ya ha causado un cisma en el seno del principal partido de la oposición española, el PSOE.

Esta semana, el Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento) rechazó sendas propuestas de resolución de los nacionalistas de CiU y de la Izquierda Plural que reclamaban el respeto al derecho a decidir y pedían diálogo para autorizar la convocatoria de consultas populares.

Al rechazo se sumó, además del gubernamental Partido Popular y otros pequeños partidos de centro y derecha, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero de esta posición se desmarcaron, rompiendo la disciplina de voto, 13 de los representantes de la rama catalana de los socialistas, el PSC.

Sólo la que fuera ministra de Defensa con el anterior Gobierno socialista español, Carmen Chacón, decidió desvincularse de sus compañeros del Partido Socialista Catalán y no votar, alegando que sigue apostando por el entendimiento entre Cataluña y el resto de España.

Chacón compitió por el liderazgo del PSOE en unas elecciones primarias en febrero de 2012, en las que salió elegido como secretario general por solo 22 votos más el veterano dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que había encabezado el cartel electoral en los comicios generales de noviembre de 2011 que ganó el PP de Mariano Rajoy.